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  • AFP

El gobierno venezolano vinculó este martes al líder opositor Leopoldo López con un presunto plan para "derrocar" al presidente Nicolás Maduro, por el cual fue capturado un hombre.

Además de López, bajo arresto domiciliario, el gobierno de Maduro implicó al expolicía Óscar Pérez, quien atacó con granadas desde un helicóptero la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, en junio pasado.

El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, dijo que las autoridades detuvieron al "operador" del complot, Manuel Chacín, supuesto miembro del partido Voluntad Popular -fundado por López-, en posesión de siete artefactos explosivos.

"Apuntaban a realizar actos para dejar sin servicio eléctrico a distintas zonas del país. Además de generar malestar en servicios bancarios, como la obtención de efectivo a través de cajeros, en el servicio de agua y combustible", aseguró el vicepresidente en cadena obligatoria de radio y televisión.

Según el funcionario, Chacín se comunicaba por mensajes de texto con Pérez para planificar esas acciones y el "derrocamiento", e intercambiaba llamadas telefónicas con López.

El Aissami mostró un video en el que Chacín afirma que "la orden era desactivar cajeros (...), atacar las estaciones (de gasolina) cortando las mangueras para lograr un estallido social".

Según el vicepresidente, el sospechoso estaba solicitado por homicidio y robo.

Voluntad Popular negó en un comunicado que Chacín forme parte de sus filas.

"Es mentira que nuestro coordinador nacional (...) Leopoldo López haya sostenido llamadas o contacto alguno con dicho joven, quien es muy probable que, al igual a otras tantas víctimas y presos de la dictadura, haya sido torturado y forzado a confesiones manipuladas", señala el texto.

Durante las últimas semanas, en Venezuela ha habido una dura escasez de efectivo, que expertos atribuyen a la elevada inflación (proyectada por el FMI en 720% para 2017), y a la poca disponibilidad de billetes que entraron en circulación a fines de 2016.

También ha habido desabastecimiento de gasolina en algunas zonas, que el gobierno vincula con retrasos en los pagos de importaciones por las sanciones de Estados Unidos.

Maduro, que entre abril y julio enfrentó una ola de protestas que dejó unos 125 muertos, vinculó el lunes a Estados Unidos con el supuesto plan de sabotaje.

El gobierno denuncia con frecuencia planes para derrocar o asesinar al mandatario, de los cuales culpa a la oposición.

El 27 de junio último, Pérez y otros hombres no identificados sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la policía científica y lanzaron cuatro granadas contra el TSJ y dispararon hacia la sede del Ministerio de Interior, sin dejar víctimas.

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