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Una veintena de ONG se han configurado en la Red contra la Criminalización del VIH, después de que varios estados mexicanos intentan endurecer las leyes, ya existentes aunque poco conocidas, que sancionan la posibilidad de contagiar el virus u otras infecciones de transmisión sexual.

"El objetivo (de la red) es que no empiece una cacería de brujas, porque fue sorprendente que en los últimos dos años se haya discutido en tres congresos (estatales) diferentes" esta ley, explicó a Efe Leonardo Bastida, jefe de Información de la entidad Letra S.

En México, 30 de los 32 estados contienen en sus códigos penales el "delito de peligro de contagio", que sanciona a quien pueda transmitir una enfermedad no curable a otra persona.

Se sanciona "la posibilidad" de transmisión, aunque sea de forma involuntaria, por ejemplo, por desconocimiento, afirmó Bastida, quien elaboró un estudio que determinó que, desde el 2000, se registraron 39 procesos penales por dicha causa.

Se reportan 15 casos en Veracruz, nueve en Sonora, cinco en Tamaulipas y en el Estado de México, tres en Chihuahua, uno en la Ciudad de México y otro en Nuevo León.

La mayoría de estos se resolvieron con multas administrativas, si bien una persona en Sonora cumple una pena de 10 años, pese a que "no se puede comprobar de forma clara cómo se adquiere el virus".

Muchos códigos penales estatales nacieron en la primera mitad del siglo XX con esta figura, si bien al principio se hablaba de enfermedades venéreas y se circunscribía habitualmente a la sífilis.

Los códigos fueron modificándose para incluir nuevos términos. E incluso en estados como Coahuila (norte) se creó un capítulo específico sobre VIH.

Actualmente, solo Aguascalientes y San Luis Potosí no tipifican este delito, aunque en el segundo estado hace apenas un año se buscó, sin éxito, que se legislara al respecto.

En el suroriental estado de Quintana Roo, el tema sigue candente después de que una diputada propusiera endurecer la legislación vigente, con penas de hasta 15 años.

"Por parte de ella, esto era para beneficio y para disminuir los casos de VIH. Pero le manifestamos que esta no era la manera adecuada", contó a Efe el presidente de la asociación Círculo Social Igualitario, Édgar Mora.

Junto a otras ONGs, la Comisión Estatal de DD.HH. y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se establecieron mesas de discusión con un grupo de legisladores y se acordó, si bien aún falta la votación del pleno, la derogación del artículo 113 del Código Penal de Quintana Roo.

Para las 26 ONGs que han conformado la Red de organizaciones contra la Criminalización del VIH, existe el miedo de que, si se endurecen las leyes, disminuya la prevención y la detección.

"Que la gente deje de hacerse la prueba del VIH por temor a salir reactiva y, posteriormente, tener que enfrentar la justicia", relató Mora.

En Veracruz, la Cámara de Diputados aprobó en 2015, por unanimidad, modificar el código penal local para agregar al delito "del contagio" el término "infecciones de transmisión sexual", dijo a Efe la integrante del Grupo Multisectorial en VIH/Sida e ITS de Veracruz Patricia Ponce.

Si bien antes existía la ley, no había sanción determinada. Con la reforma del artículo 158, se estipularon de seis meses a cinco años de cárcel.

"Queda penalizada cualquier persona que de manera 'dolosa' transmite el VIH, que es una palabra muy ambigua", indicó la doctora.

Varias ONGs estatales intentaron sin éxito que el Congreso estatal derogara el artículo y, con el apoyo de la CNDH, presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde todavía se está debatiendo.

Ponce se muestra confiada en que la resolución del Supremo será favorable. "Es importante que la Corte Suprema declare a favor de la salud, de la vida, y de los derechos humanos", indicó.

De lo contrario, teme que otros estados apuesten por leyes criminalizadoras. "Los diputados, diputadas y congresos son profundamente ignorantes" en la materia, explicó.

En México se estima que hay unas 220.000 personas con VIH en el país, si bien unos 100.000 de ellos lo desconocen.

El endurecimiento de las leyes impactaría, además, sobre el colectivo LGBT. "No hemos entendido en 30 años qué es el VIH, y ello deriva en estigma, discriminación y la réplica de discursos contra la homosexualidad", denunció Bastida.

A escala global, 68 países mantienen leyes vigentes en la materia, siendo Rusia el que mayor número de procesados registra por dicha causa en los últimos dos años con 23 casos, según HIV Justice Network. 

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