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  • AFP

El primer ministro belga, Charles Michel, rechazó este miércoles una eventual crisis en Bélgica por la presencia en su país del presidente catalán destituido Carles Puigdemont, un "asunto judicial, no del gobierno" de coalición belga, que cuenta con nacionalistas flamencos.

"Hay una crisis política en España, no en Bélgica", dijo Charles Michel ante los diputados de la comisión de Interior del parlamento belga quienes durante más de una hora preguntaron al mandatario sobre su posición sobre Cataluña y sobre Puigdemont.

La presencia del político catalán en Bélgica, quien llegó el 30 de octubre junto a otros cuatro miembros de su gobierno cesado, provocó declaraciones de los ministros de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA, nacionalistas) favorables a los independentistas, pese al llamamiento de Michel de "no echar leña el fuego".

La justicia belga debe resolver ahora la petición de entrega a España de Puigdemont y de los otros cuatro consejeros destituidos y, en este sentido, el jefe de gobierno belga, miembro de un partido francoparlante valón, descartó cualquier interferencia en este "asunto judicial, no del gobierno".

"Velaré por que no haya interferencia en el principio de independencia de la justicia", agregó el primer ministro, para quien el presidente catalán destituido será tratado como cualquier otro ciudadano europeo. La primera audiencia está prevista el 17 de noviembre.

Michel ha sido uno de los pocos mandatarios europeos desde la celebración el 1 de octubre de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, suspendido por la justicia española, que ha llamado al diálogo y condenado la violencia, una posición celebrada por los diputados de la comisión de Interior.

"Una crisis política exige una solución política", reiteró este miércoles el mandatario, quien precisó sin embargo que su interlocutor es "el gobierno español, es Madrid", coincidiendo de esta forma con sus socios europeos.

El presidente del ejecutivo español, Mariano Rajoy, reaccionó en Twitter a las palabras de su par belga, su "único interlocutor en Bélgica", con quien comparte el "respeto al Estado de Derecho y a la independencia de jueces belgas y españoles".

Tras la proclamación unilateral de independencia del 27 de octubre, el gobierno español asumió la tutela de la autonomía de Cataluña hasta las elecciones regionales convocadas para el 21 de diciembre y cesó al ejecutivo catalán.

Además de los cinco miembros que se marcharon a Bélgica, otros ocho se encuentran en prisión en España acusados de rebelión, sedición y malversación, y un último quedó en libertad bajo fianza.

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