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La huelga general convocada ayer en la región española de Cataluña en apoyo al movimiento secesionista tuvo ayer una escasa incidencia, salvo en el sector de la educación, pero sí afecta a la movilidad ciudadana, con cortes de tráfico en numerosas carreteras y servicios ferroviarios. El paro, convocado por el sindicato minoritario Intersindical-CSC y apoyado por otros grupos independentistas, es el segundo que vive esta comunidad autónoma en poco más de un mes, desde que el pasado 1 de octubre se celebró en la región una consulta independentista ilegal anulada por el Tribunal Constitucional español. Según el Gobierno central, la convocatoria ha tenido un seguimiento “mínimo y residual en la práctica totalidad de sectores económicos”. 

Como ejemplo, el complejo del fabricante automovilístico Seat en Martorell (Barcelona), que es la fábrica más importante de la región de Cataluña, empezó la jornada con plena normalidad, igual que la planta de Nissan, mientras que la actividad en Mercabarna (el mercado de mayoristas de Barcelona) ha sido la habitual en un día ordinario, según fuentes de estas empresas. Primer ministro belga, Charles Michel.

En el centro de Barcelona (noreste), la mayoría de tiendas, cafeterías y demás comercios han abierto con normalidad, si bien la huelga ha tenido un mayor seguimiento en algunas localidades de la región. El aeropuerto de El Prat de Barcelona funciona sin afectaciones, al igual que el Puerto, aunque este registra una menor afluencia de camiones debido a que muchos se han visto bloqueados por los cortes de carreteras provocados por los manifestantes. 

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A lo largo del día hubo cortes en  más de sesenta puntos de las principales vías de Cataluña, incluidas las autopistas, provocados por diversos grupos de personas. Los manifestantes reclamaban la puesta en libertad de los antiguos miembros del cesado gobierno catalán, que están en prisión preventiva después de que el pasado día 27 de octubre el Parlamento catalán declarara de manera unilateral la independencia de esa región, lo que provocó el cese del Ejecutivo catalán por parte del Gobierno central y la actuación de la Justicia para evitar la secesión.  

Ave suspende operaciones 

En los ferrocarriles, centenares de manifestantes desbordaron los cordones policiales e invadieron las vías del AVE (tren de alta velocidad) en la estación de Gerona (noreste), que obligó a suspender el servicio. También el servicio de ferrocarriles regionales y los trenes de cercanías se han visto afectados por la acción de los manifestantes. Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se desmarcaron de la convocatoria de huelga, que coincide con una jornada de movilizaciones en toda Cataluña para pedir la libertad de los políticos y líderes sociales independentistas encarcelados. Precisamente, unas 8,000 personas se concentraron ayer en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, donde se ubica la sede del gobierno catalán para reclamar la libertad de los que denominan “presos políticos”, en alusión a los dirigentes soberanistas encarcelados.

Bélgica da la espalda a Puigdemont  

El primer ministro belga, Charles Michel, fijó ayer la posición de su Gobierno sobre la crisis catalana al asegurar que el “interlocutor” de Bélgica “es el Gobierno de Madrid” y consideró que el expresidente catalán Carles Puigdemont es “un ciudadano europeo que debe responder de sus actos”. 

La crisis catalana irrumpió ayer de lleno en el Parlamento federal belga, con un debate de hora y media en la Comisión de Interior centrado en la crisis catalana y el papel de Bélgica desde la llegada el 30 de octubre de Puigdemont a Bruselas, tras la aplicación del Artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el cese de su gobierno. 

“No hay ninguna ambigüedad. Tenemos un interlocutor que es el Gobierno de Madrid, el Gobierno de España, por todos los canales diplomáticos”, afirmó Michel. Puigdemont, subrayó Michel, es “un ciudadano europeo que debe responder de sus actos, con derechos y obligaciones, sin privilegios, ni más ni menos”. 

“Esto quiere decir que el gobierno belga trata con el respeto del Estado de derecho la situación de todos los ciudadanos europeos”, añadió. Michel aseguró que no intervendrá en la crisis catalana pese a su repercusión judicial en Bélgica, entre las críticas de la oposición, que cuestiona la posición de un Gobierno compuesto por una mayoría de separatistas flamencos.

Delitos de rebelión, sedición y malversación contra Puidgemont 

El pasado 31 de octubre, la magistrada juez del Juzgado Central de Instrucción número 3. de Madrid, Carmen Lamela Díaz, admitió la querella interpuesta por el fiscal general del Estado por delitos de rebelión, sedición y malversación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y 13 exmiembros del gobierno autónomo.

El delito de rebelión, está penado en España con entre 15 a 30 años de prisión y el de sedición con hasta 15 años.

Para las autoridades judiciales  españolas, los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre el Gobierno, los grupos independentistas en el Parlamento y las asociaciones separatistas (ANC y Òmnium), que llevó a la celebración del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

Los delitos que se imputan a los exmiembros del Govern son muy graves, ya que atentan contra el Estado en su conjunto, contra la forma de Gobierno y contra la propia Constitución, al pretender derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio, supuestos que el Artículo 472 del Código Penal contempla como constitutivos de un delito de rebelión. Este tipo de actuaciones están también tipificadas y gravemente penadas en los códigos penales de los países del entorno europeo, ya bajo la forma de traición, ya de rebelión o sedición.

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