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  • AFP

El gobierno español anunció el viernes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional una ley de protección animal aprobada por el parlamento regional de las islas Baleares, que prohíbe matar a los toros en las corridas.

El gobierno introducirá un "recurso de anticonstitucionalidad en relación con determinados preceptos de la ley de las islas Baleares del 3 de agosto de regulación de las corridas de toros", indicó en rueda de prensa su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

La región carece de "competencias específicas para la protección de animales y la regulación del parlamento balear incumple determinados preceptos de leyes estatales" sobre patrimonio inmaterial y la tauromaquia, explicó Méndez de Vigo.

Las corridas de toros, consideradas como "patrimonio cultural inmaterial" de España desde 2015, son objeto de un apasionado debate en este país, donde los antitaurinos han cobrado fuerza.

El Tribunal Constitucional anuló en octubre de 2016 la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, estimando que la medida menoscababa la competencia del Estado para preservar el patrimonio cultural común.

Madrid pedirá a esa corte que suspenda cautelarmente la ley en las islas Baleares.

El texto, impulsado por la coalición de izquierda en el poder en el archipiélago, permite a los toreros tan solo torear tres animales por un máximo de 10 minutos cada uno, dotados exclusivamente de capote y sin "ningún instrumento punzante que pueda provocar heridas o la muerte del toro".

Asimismo, obliga a los toros y a los animales a ser sometidos a controles antidopaje antes y después del espectáculo, al que solo podrán asistir mayores de 18 años.

El Partido Popular (PP, derecha) del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, ya había tachado la ley de ilegal, alegando que buscaba prohibir "de otra manera" las corridas, según señaló su portavoz en el parlamento regional.

Por el contrario, la oenegé estadounidense de defensa de derechos de los animales Humane Society había aplaudido la ley, ya que a su juicio lograba de "manera creativa que la tortura de toros para entretenimiento público" quedara relegada "a los anales de la historia en las Islas Baleares".

Actualmente en España solo una región, las islas Canarias, prohíbe completamente las corridas, desde 1991.

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