•   Lima, Perú  |
  •  |
  •  |
  • EFE

Las socias peruanas de la empresa brasileña Odebrecht acordaron darle una "compensación de liderazgo" al unirse al proyecto de la Carretera Interoceánica Sur en 2004, afirmó hoy el abogado Daniel Linares al descartar de que se trató de un soborno para el exmandatario peruano Alejandro Toledo (2001-2006).

"La investigación se basa en un acta que habla de un concepto, riesgos adicionales, en base al cual, determina el fiscal, que se camuflan las coimas al presidente Alejandro Toledo", declaró Linares, abogado de José Graña Miró Quesada, exrepresentante de la constructora Graña y Montero, a RPP Noticias.

Graña Miró Quesada y otros cuatro representantes de la misma empresa, y de JJ Camet e ICCGSA afrontarán mañana una audiencia judicial en la que se decidirá el pedido de detención preventiva por 18 meses hecho por la Fiscalía.

El letrado agregó que los aludidos "riesgos adicionales son los que toma Odebrecht, como el apalancamiento de la obra o derrumbes. Están inmersos dentro del concepto de compensación de liderazgo".

Sin embargo, Linares consideró que el fiscal Hamilton Castro tomó un acta y lo interpretó según el texto que vio, pero sin contextualizarlo.

De acuerdo a la denuncia fiscal, citada por los diarios El Comercio y La República, las socias peruanas en el proyecto le entregaron 15 millones de dólares a Odebrecht, lo cual ha sido considerado un presunto delito de lavado de activos.

Linares señaló que las empresas consorciadas llegaron a acuerdos en los que "a Odebrecht se le iba a reconocer una compensación de liderazgo. Eso estuvo pactado desde el día uno y se vino negociando el porcentaje".

"No fueron 5 millones (de dólares), fue más, pero no tiene nada que ver con lo que ha recibido el señor Toledo o los pagos de Odebrecht. Fue un tema netamente comercial", precisó.

De otro lado, la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht ha pedido que Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) sean incorporados como terceros civiles responsables por los presuntos daños causados al Estado peruano.

Con esta medida, la Procuraduría busca que las socias de Odebrecht paguen en forma solidaria la reparación civil de 200 millones de soles (61,5 millones de dólares), planteada en forma preliminar.

Mañana, el juez peruano Richard Concepción Carhuancho evaluará la orden de detención preventiva pedida por la Fiscalía contra Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miro Quesada, representantes de las tres firmas socias de Odebrecht.

La Fiscalía anticorrupción los investiga por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios (tipo penal: colusión) y lavado de activos.

El fiscal Hamilton Castro informó que esta decisión se ha tomado "como consecuencia de un paciente trabajo de corroboración en el marco del proceso especial del señor Jorge Barata", exdirectivo de Odebrecht en Perú.

En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), investigado por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por presunta financiación irregular de su partido.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus