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  • EFE

El jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Marcos Peña, aseveró que el presidente, Mauricio Macri, no llegó al poder para interferir en la Justicia, después de que la expresidenta Cristina Fernández le responsabilizara de que un juez haya ordenado su detención por presunto encubrimiento de terroristas

"Está garantizado el estado de derecho, las libertades y tenemos que acostumbrarnos a vivir en un contexto donde somos todos iguales ante la ley", remarcó Peña en declaraciones a la prensa en Buenos Aires.

La expresidenta, actual senadora, reiteró este jueves que es víctima de una "persecución" y definió como un "exceso" y una violación del Estado de derecho que el juez Claudio Bonadio la procesara con prisión preventiva por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a una mutua judía en 1994.

"Estas medidas degradan aún mas a la justicia argentina y señalan al gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", apostilló Fernández en una rueda de prensa en la que negó todos los cargos y consideró que no tienen "asidero ni jurídico ni institucional".

Poco después, y en respuesta a sus declaraciones, Peña argumentó que "la gente conoce al presidente" y sabe que no está en el cargo para interferir en la Justicia, sino para "trabajar para solucionar problemas, ayudar a que crezca el país y fortalecer nuestro marco institucional".

"Que no haya impunidad para nadie ni sensación de injusticia para nadie, que podamos curar esa desconfianza, cuando se siente que la justicia llega para uno y no para todos", añadió.

Se mostró también convencido de que "es un tema que requiere una investigación muy bien hecha" y que el trámite judicial "requiere un debido proceso de defensa y que se pueda desarrollar en normalidad dentro del sistema institucional".

Bonadio procesó y ordenó detener a Fernández, entre otros exmiembros de su Gobierno, por los presuntos delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió al Senado que le despoje de la inmunidad de arresto, al considerar que puede entorpecer la investigación.

Al respecto, el jefe del Gabinete de Ministros recordó que los senadores del interbloque del oficialista frente Cambiemos dijeron que se iba desarrollar todo el trámite "con la prudencia y la institucionalidad necesaria, pensado no en términos partidarios sino en términos institucionales".

Asimismo, hizo hincapié en que "no es facultad del presidente incluir el tratamiento" del pedido de desafuero en las sesiones extraordinarias del Congreso -que no celebra plenos ordinarios porque está en receso- convocadas por el Gobierno para analizar los proyectos de reforma tributaria y laboral propuestos por el Gobierno.

En la causa, abierta tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella días antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias, se investiga si un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 buscaba encubrir, a cambio de impulsar la relación comercial bilateral, a los imputados iraníes del atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune.

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