El presidente del tribunal, Jorge Rivera, notificó dicha decisión al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, durante la visita que realizó hoy al país centroamericano

La Corte Suprema de Justicia hondureña notificó hoy al secretario general de la OEA José Miguel Insulza que la decisión de apartar del poder al presidente Manuel Zelaya es "irreversible", indicó un portavoz del tribunal. El presidente del tribunal, Jorge Rivera, "le dijo a Insulza: nuestra decisión está tomada y es irreversible, hagan ustedes lo que quieran", indicó Danilo Izaguirre, portavoz de la Corte.

Insulza llegó este viernes a Tegucigalpa para notificar a las autoridades hondureñas de una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) de dar un ultimátum -que vence el sábado- para restituir a Zelaya, so pena de expulsar al país centroamericano del organismo. Luego de reunirse con la Corte, Insulza se encontró con jerarcas católicos y más tarde con diplomáticos.

Zelaya fue expulsado del país el domingo tras una orden de la Corte Suprema y el Congreso designó en su reemplazo a Roberto Micheletti, cuyo gobierno está dispuesto a anticipar las elecciones del 29 de noviembre para buscar una solución a la crisis creada por el derrocamiento de Manuel Zelaya.

Micheletti, designado presidente interino por el Congreso, aseguró que si se produce un "arreglo político (...) no tenemos ningún inconveniente" en anticipar las elecciones, un gesto destinado a aplacar los ánimos de la comunidad internacional, que ha condenado unánimemente el golpe. "Cualquier día es bueno para nosotros", expresó, a condición de que dicho arreglo lo hagan el Tribunal Supremo de Elecciones y el Congreso Nacional. Las elecciones presidenciales están previstas para el 29 de noviembre y la entrega del poder al vencedor para el 27 de enero.

El secretario de la OEA había manifestado que no llegaría a Honduras para negociar sino para que "se deje de hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora". Insulza llegó en un avión de la Fuerza Aérea brasileña al aeropuerto internacional de Toncontin de la capital hondureña.

El depuesto Zelaya llegó ayer a El Salvador procedente de Panamá, para culminar los preparativos de su retorno que ha fijado para el domingo. Zelaya anunció que será acompañado en principio por Insulza, y los presidentes de Argentina, Cristina Kirchner, y Ecuador, Rafael Correa y algunos premios Nobel de la Paz, como por ejemplo la guatemalteca Rigoberta Menchú. Aunque si el derrocado mandatario de Honduras "va a ingresar vía terrestre o vía aérea, no sabemos todavía; esas son decisiones que él va a tomar", manifestó por su parte el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó haber hablado anoche con Zelaya.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos han arremetido contra las medidas de represión del nuevo gobierno de Micheletti, que ha suspendido algunas garantías constitucionales como la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libre circulación durante el toque de queda que en principio concluye este viernes. "Cualquier intento de suspender derechos inalienables debería ser condenado categóricamente", señaló en una carta José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.

Organizaciones de derechos humanos locales también denunciaron detenciones arbitrarias, reclutamiento militar forzoso y represión contra medios independientes por parte del Ejército. Pese a todas esas medidas, decenas de miles de personas salieron nuevamente ayer a las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hubo al menos dos heridos de bala, para manifestar a favor o en contra de Zelaya.

En Tegucigalpa, sin embargo, políticos, empresarios y analistas dudan de que Zelaya se atreva a regresar al país, donde la justicia emitió una orden de captura en su contra por 18 delitos, entre ellos, "traición a la patria". Micheletti advirtió a la comunidad internacional que Zelaya "nunca va a retornar al poder" y que no le preocupan las represalias contra Honduras. "Si la comunidad internacional considera que hemos cometido delitos, algún error, que nos condene y se acabó", expresó Micheletti, quien aseguró que el 80% de la población apoya el derrocamiento.

Entretanto la comunidad internacional multiplicó sus presiones. Los países de la Unión Europea llamaron a consultas a sus embajadores, informó el canciller español, Miguel Angel Moratinos.