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La prohibición total del aborto en El Salvador condenó a una veintena de mujeres al encarcelamiento, a separarse de sus hijos y perder empleos, mientras sus familias se hunden en la pobreza, aseguró este lunes un informe de Amnistía Internacional (AI).

El impacto de la penalización del aborto en este país centroamericano "trasciende la esfera individual", según el informe "El Salvador: Mujeres encarceladas por emergencias obstétricas y el impacto en sus familias".

"La criminalización total del aborto crea un ambiente de sospecha contra las mujeres que han sufrido emergencias obstétricas. Las mujeres son encarceladas y sus familias cargan con el cuidado de sus hijos en un ambiente de pobreza", declaró a la AFP la investigadora de AI Astrid Valencia.

La ley salvadoreña castiga hasta con 40 años de cárcel a mujeres que aborten, incluso cuando lo hacen por complicaciones en sus embarazos.

La severidad de la legislación salvadoreña trascendió al mundo en 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía de lupus y a la que se le impidió abortar un feto anencefálico (no desarrolló el cerebro).

El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de El Salvador autorizó que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana y el recién nacido murió horas después.

"Amnistía refleja claramente las repercusiones que tiene el encarcelamiento de las mujeres en sus familias", declaró a la AFP Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE) en El Salvador.

Herrera anunció que presentaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, un recurso pidiendo "medidas provisionales" para nueve mujeres encarceladas mientras se revisan sus casos.

Cárcel por abortar 

En El Salvador, 21 mujeres están encarceladas por abortos, en su mayoría ocurridos por emergencias médicas. Muchas de ellas están recluidas en el penal de Ilopango, este de San Salvador, que tiene una capacidad instalada para 550 internas pero alberga a 2.020.

Para documentar las consecuencias que ha tenido la criminalización del aborto, AI recoge los testimonios de tres mujeres.

Uno de esos casos es el de Teodora del Carmen Vásquez, de 32 años, madre de un niño de 12 años. El 13 de julio de 2007, en el noveno mes de su embarazo, sintió molestias físicas y llamó infructuosamente al servicio de emergencias para que la trasladaran a un hospital.

Teodora sufrió la pérdida del bebé que esperaba en el baño de su trabajo y, cuando la policía llegó, la detuvo y la acusó de cometer homicidio agravado ante la sospecha de haberse provocado un aborto. En 2008 fue condenada a 30 años de prisión.

Otro caso es el de María Teresa Rivera, quien en noviembre de 2011, a los 28 años, sin saber que estaba embarazada, sintió la necesidad urgente de ir al baño. Allí sufrió un sangrado y, en estado inconsciente, fue trasladada a un hospital donde un miembro del personal de salud la denunció a la policía por "indicios de aborto".

En julio de 2012 Rivera fue condenada a 40 años de prisión.

El informe también documentó el caso de Berta (su apellido se mantuvo en reserva porque era mejor de edad al quedar embarazada), quien guarda prisión por similares circunstancias.

Las familias de Teodora, María Teresa y Berta "no deberían vivir ni un segundo más las consecuencias de un encarcelamiento injusto", destaca AI.

Despenalizar el aborto

Ante el peligro que afrontan las mujeres sobre todo de hogares pobres, AI exhortó al Estado salvadoreño a "derogar las normas que penalizan el aborto".

Además, pidió "garantizar el acceso al aborto, como mínimo, en los casos en los que el embarazo entrañe un riesgo para la salud física o mental de la mujer cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto".

AI demandó poner en "libertad inmediata e incondicionalmente" y "procurar medidas de reparación" para todas las mujeres y las niñas encarceladas por someterse a un aborto o por sufrir emergencias obstétricas.

Otras de las demandas de AI es asegurar que los derechos de los familiares, especialmente de los hijos de las mujeres condenadas, sean respetados y procurar medidas de reparación por los daños ocasionados.

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