•   Guatemala  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

El equipo centroamericano de organizaciones no gubernamentales de monitoreo y análisis de derechos humanos alertó hoy de un alza “sin precedentes” de las violaciones a las garantías básicas en Centroamérica.

El grupo de oenegés presentó en Guatemala su décimo informe anual y aunque no da cifras de este aumento, sí analiza de manera pormenorizada cada uno de los factores que a su juicio influyen.

El alza en los niveles de violaciones de los derechos humanos es resultado de las “débiles políticas públicas” orientadas a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la gran mayoría de la población, privilegiando los intereses de unos pocos.

El equipo manifestó en una declaración “su preocupación por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos” y la falta de atención a los conflictos sociales, que enfrentan mayores niveles de “desigualdad, exclusión y falta de justicia”.

“La falta de diálogo, las acciones represivas, el caudillismo, la corrupción, entre otros factores, hacen que la región siga siendo considerada como una de las más violentas del mundo”, afirmó Georgina Ruiz, de la Iglesia Luterana Costarricense (Ilco).

Según cifras oficiales, en promedio Centroamérica registra una tasa de 32.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, aunque se aprecia una amplia diferencia entre los países que conforman el Triángulo norte, con una tasa de 54.7 y los del sur de Centroamérica, con 11.

Políticas inadecuadas

A toda esta situación, se suman las “inadecuadas” políticas en materia de seguridad, que además de violencia, generan “desplazamientos forzados y migración”, tanto a nivel intrarregional como internacional.

Solo en los países del Triángulo Norte -El Salvador, Honduras y Guatemala-, el informe recogió 566,800 desplazamientos forzados de personas, sobre todo mujeres, jóvenes y niñas, entre 2013 y 2014.

De ellas, en Guatemala se registraron 248,500, en El Salvador 288,900 y en Honduras 29,400.

“Esta migración es por supervivencia, no por buscar mejores condiciones de vida”, proclamó enfática la activista.

El documento alertó además sobre un uso “desproporcionado de las fuerzas armadas” y la militarización de los territorios para la protección de los intereses de los poderes económicos y políticos, sobre todo en las zonas donde operan industrias extractivas o megaproyectos.

“Establecen el orden basado en el temor y no en el respeto a las leyes, cometiéndose graves violaciones a los derechos humanos”, por lo que exigen el fin de la criminalización de la protesta social y reconocer la labor de los defensores de los derechos humanos.

Influencias externas

En este sentido, el informe denuncia que este fenómeno no solamente es impulsado por los gobiernos nacionales, sino también por otros estados que ingieren en Centroamérica, “como Estados Unidos y Rusia”.

En el segundo trimestre, EE.UU, a través del Comando Sur del Pentágono, desplegó 280 infantes de marina con el propósito de entrenar a las fuerzas armadas de Honduras, Guatemala y El Salvador.

“En Costa Rica la influencia militar de EE.UU. se da a través de la formación de la policía y la presencia de buques de guerra en sus costas. En Nicaragua, desde el 2013, ingresan al menos 130 militares rusos cada seis meses para entrenar a la fuerza pública”, advirtió.

También se registra un incremento “alarmante” en las agresiones a periodistas y medios de comunicación, con amenazas, actos de intimidación, restricciones para acceder libremente a fuentes de información, ataques cibernéticos y agresiones físicas.

“Es de suma preocupación que la violencia ejercida contra los medios y periodistas no cesa, todo lo contrario, proliferan leyes, normativas, proyectos y presiones gubernamentales con el fin de controlar el libre flujo informativo”, agregó Ruiz.

Toda esta situación es consecuencia del modelo “neoextractivista”, donde los gobiernos de la región continúan consolidándose con la firma de contratos y acuerdos de libre comercio para mantener las cifras macroeconómicas y el desarrollo de megaproyectos.

Sin embargo, esta coyuntura provoca “climas de conflictividad y violaciones de los derechos humanos de la ciudadanía”, la cual es sometida “a altos niveles de pobreza y pobreza extrema”.

El informe está elaborado por el Grupo de Apoyo Mutuo (Guatemala), Iglesia Luterana Costarricense (Ilco), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Salvador), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá, Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y Centro de Desarrollo Humano (Honduras).

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus