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  • ACAN-EFE

Los cuerpos de seguridad y otras instituciones que intervienen en esta área son los más denunciados por violaciones a los derechos humanos en El Salvador, a causa del endurecimiento de las políticas en contra de la delincuencia, reveló hoy el ombudsman salvadoreño, David Morales.

"Ante la escalada delictiva y la respuesta de las instituciones, la población ha evidenciado más presuntos abusos y los ha denunciado; yo he constatado que muchos de estos casos han llegado a ser violaciones gravísimas a los derechos humanos", explicó Morales a la prensa.

Estas declaraciones fueron dadas durante la presentación del informe de labores de entre junio de 2014 y mayo de 2015 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de la que Morales es titular.

En el referido lapso, la PDDH recibió un total de 2,202 denuncias de las que el 91.78% fue contra la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y otras instituciones de Estado que intervienen en la represión del delito.

Solo los señalamientos contra la PNC representaron el 62.76% del total.

"Es preocupante que en este año los promedios históricos de denuncias contra la Policía hayan aumentado tanto, de promedios de un 35 o 40% hemos llegado a casi un 70%", expuso a Efe Morales.

Destacó que otra de las instituciones más denunciadas es el Ejército, que acumuló 243 señalamientos, lo que representa el 11% del total de reportes.

La mayoría de las denuncias "está enmarcada en malos tratos, detenciones arbitrarias, intimidaciones o allanamientos arbitrarios", indicó Morales.

No obstante, advirtió de que lo "preocupante" no solo es la subida de los casos, sino el incremento en la "gravedad" de los mismos.

"Hemos tenido casos de muertes arbitrarias, situaciones que podrían rayar en la tortura y estamos indagando posibles ejecuciones en el escenario de enfrentamientos armados entre policías y supuestos delincuentes que terminan en la muerte de todos", añadió.

Detalló que son siete los casos en los que pudieron existir ejecuciones extrajudiciales.

Empero, señaló que no cree que exista una "política de alto nivel" de la autoridades de Seguridad "en orden a violentar" los derechos humanos.

Morales hizo un llamamiento al Gobierno a tener "mano firme" en el "control interno y disciplinario" de la Policía y el Ejército.

De igual forma pidió a la Fiscalía que actúe cuando los abusos "trasciendan a delitos".

"Allí es donde encontramos la debilidad, no veo un esfuerzo suficiente en el control interno, no veo voluntad de la Fiscalía en investigar estos casos y esto deteriora la institucionalidad", señaló el ombudsman.

A pesar del incremento de las denuncias contra estas instituciones, el procurador no rechazó el endurecimiento de las acciones del Gobierno contra las pandillas, porque "la delincuencia escaló la violencia" con el aumento en el número de homicidios y los ataques contra las fuerzas de seguridad.

"La respuesta debe ser más grande y más contundente, es una obligación y un uso legítimo de la persecución que el Estado puede y debe hacer en el marco de la ley", concluyó Morales.

Otras de las instituciones vinculadas a la seguridad señaladas son los tribunales, que acumularon el 8.17% de las denuncias; la Fiscalía, el 7.22%, y los centros penales, el 2.58%.

El restante 8.22 por ciento de los reportes fue contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General y diferentes gobiernos locales. 

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