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La querella del proceso judicial contra el expresidente salvadoreño Francisco Flores, hospitalizado en “coma clínico”, dijo ayer que la responsabilidad civil del exmandatario, acusado de apropiarse de millones de dólares, no se extingue si este muere.

Ramón Villalta, director ejecutivo de una de las organizaciones con representación en la querella, explicó en conferencia de prensa que si Flores fallece “significa que la responsabilidad y el proceso penal en su contra concluyen”, pero no su obligación civil por los cargos de corrupción en su contra.

“La responsabilidad civil tendrá que ser determinada” y “en caso de existir, tendrá que seguirse un procedimiento para la recuperación, por parte del Estado, de esos bienes”, explicó Villalta.

Flores, quien gobernó El Salvador entre 1999 y 2004, es acusado de apropiarse de 5 millones de dólares y desviar otros 10 millones de donaciones taiwanesas destinadas a obras de reconstrucción y de atención a víctimas de dos terremotos que afectaron al país en 2001.

LA ACUSACIÓN

Los cargos que pesan contra el exjefe de Estado son peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de terceros.

Durante la audiencia preliminar del caso, el juez Miguel Argüello, del Juzgado Séptimo de Instrucción, incorporó el delito de lavado de dinero, pero la Cámara Primero de lo Penal lo suprimió el 18 de diciembre de 2015, porque este no estaba incluido dentro de la acusación de la Fiscalía salvadoreña. La querella, formada por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), que dirige Villalta, y la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), solicitó el 11 de enero a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema anular la decisión de la referida cámara.

Villalta explicó que si dicha sala “resuelve favorablemente” la Fiscalía podría iniciar “la investigación en contra de las personas  naturales y jurídicas” señaladas por colaborar en el lavado de dinero.

 

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