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Miembros de la trama de corrupción de "La Línea", que tiene en prisión al expresidente de Guatemala Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, como Giovanni Marroquin, y responsables de la Hacienda del país, estafaron 33.3 millones de dólares en otro caso de fraude en Guatemala.

La nueva red, cuyas actividades delictivas se constataron gracias a las escuchas a Marroquin por su participación en "La Línea", urdió un sistema para evitar el pago de 255 millones de quetzales (33.3 millones de dólares) en obligaciones fiscales a la empresa Aceros de Guatemala, al tiempo que el cobro de un crédito fiscal de 11.8 millones de quetzales (1.5 millones de dólares).

En el teléfono móvil de Marroquín, en prisión preventiva por el caso "La Línea", se encontró un documento donde se detallaba el pago a los funcionarios de la SAT por la alteración de los informes.

El caso se destapó en 2012 cuando fueron interpuestas 3 querellas contra la empresa por fraude en la compra-venta de chatarra, que Marroquin trató de sobreseer utilizando sus influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para lograr informes favorables que avalaran la actuación de la compañía.

El exjefe del ente recaudador de impuestos Omar Franco, detenido en 2015 por estar implicado en el caso "La Línea", y su sucesor, el responsable interino Elder Hermelindo Fuentes, arrestado el pasado viernes, están acusados de haber alterado estos informes para favorecer a la empresa.

Junto a ellos, otros once trabajadores de la SAT están también involucrados en este caso, entre ellos Alfonso Castillo, intendente jurídico, en cuyo domicilio se encontraron 2.9 millones de quetzales (385,000 dólares), y Ariel de Jesús Guerra, responsable del área de fiscalización.

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