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La española Sacyr defiende a pocos  meses de entregar la ampliación del Canal de Panamá que la propuesta  del consorcio que lidera, Grupos Unidos por el Canal (GUPC), era la  "mejor" y que hubiesen ganado la licitación independientemente del  precio que hubiesen presentado.

Así lo dijo a Acan-Efe el director de Proyecto de la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, José Peláez, en  una entrevista durante un recorrido por las obras en la vertiente del Atlántico.

"Nosotros hubiéramos ganado la obra siendo los más caros porque,  por puntuación técnica, éramos los mejores", reivindicó el  ingeniero, quien lleva dos años al frente del proyecto y más de 25  trabajando en la constructora española. Tras celebrar un referéndum en 2006, el Gobierno de Panamá  decidió ampliar la vía interoceánica y en 2009 adjudicó a GUPC la  construcción de las nuevas esclusas, el principal proyecto de la  ampliación.

El consorcio, que también está integrado por la italiana Salini  Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, obtuvo la máxima  calificación técnica y presentó con diferencia, la oferta económica  más baja: 3.118 millones de dólares, casi 400 millones menos que lo  presupuestado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). 

Los conflictos

La ACP ha sostenido siempre que la propuesta técnica de GUPC era  la mejor, a pesar de los conflictos contractuales que han devenido a  lo largo de la ejecución de la obra, que han contribuido a que la  inauguración del Canal ampliado se retrase casi dos años.

Sin embargo, varios sectores panameños ven con malos ojos al consorcio, sobre todo después de que suspendió las obras a inicios  de 2014 durante 15 días por falta de liquidez y para reclamarle a la  ACP sobrecostes que no estaban previstos. 

El grupo liderado por Sacyr ha interpuesto "más de un centenar de  reclamos por valor de 2,300 millones de dólares", apuntó el  ingeniero Peláez, de los cuales la Junta de Resolución de Conflictos  (DAB, por sus siglas en inglés) le ha reconocido hasta el momento  cerca de 300 millones de dólares. El DAB es una de las tres instancias previstas en el contrato  firmado por el consorcio y la ACP para resolver reclamos  económicos.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha cifrado los  sobrecostes exigidos por el consorcio en cerca de 3,500 millones de  dólares, y ha dicho que "son absurdos".

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