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  • ACAN-EFE

El Ministerio Público (MP-Fiscalía) pidió hoy que la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, en prisión por la red de defraudación aduanera "La Línea", sea procesada por delitos de tráfico de influencias y fraude, en otro caso de corrupción.

La ex alta funcionaria, junto con otras 14 personas, está acusada de participar en la adjudicación de un contrato para la limpieza del lago Amatitlán con una fórmula secreta que resultó ser "agua con sal".

La exvicepresidenta supuestamente utilizó su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago por valor de 137,8 millones de quetzales (17.96 millones de dólares) a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.

Su hermano, Mario Alejandro, supuestamente ejerció de intermediario entre la empresa y el Estado, y fue quien coordinó "todas las acciones" para realizar "esta operación fraudulenta".

La Fiscalía solicita que este sea procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude.

La exvicepresidenta de Guatemala (2012-2015) aseguró este miércoles en declaraciones a periodistas, tras el inicio de la vista de primera declaración que prosiguió hoy, que la nueva acusación de corrupción en su contra es una "pérdida de tiempo" y que responde a un "show político".

"De verdad, esto me parece, honestamente, una pérdida de tiempo", dijo Baldetti a periodistas tras salir de un Juzgado del municipio de Villa Nueva.

Entre las otras 13 personas implicadas en el caso está el excomisionado Presidencial del Agua Pablo Roberto González Córdova, a quien se le señala de hacer creer que el proyecto para limpiar el Lago de Amatitlán, propuesto por una empresa israelí, era la única solución.

Para él, la Fiscalía pide un procesamiento por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo.

Durante su intervención en la vista, el Ministerio Público aludió a varias "declaraciones testimoniales" con las que se quiere demostrar que Mario Baldetti dictó órdenes a funcionarios y a trabajadores de la entidad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Amatitlán (AMSA).

Asimismo, la Fiscalía cuenta con dos contratos administrativos sobre el caso "directamente ordenados desde la Vicepresidencia de la República".

"Existen un desplegado de números de teléfonos y correos electrónicos que fueron localizados en las computadoras secuestradas durante allanamientos efectuados en las instalaciones de AMSA. Con estos medios se establece la participación de los sindicados y la forma en que interactuaban", señaló el fiscal Juan Francisco Sandoval en su intervención ante el juez.

La exvicepresidenta Baldetti enfrenta así otro proceso judicial tras ser acusada de ser la líder de la red de defraudación aduanera autodenominada "La Línea", por la que se le imputan los cargos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

La exvicepresidenta, quien renunció en mayo pasado por la presión de los numerosos escándalos de corrupción, se encuentra en prisión preventiva desde agosto.

En la misma situación está el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien renunció al cargo en septiembre, también vinculado con "La Línea".

Ambos, Baldetti y Pérez Molina, esperan a que un juez decida si abre en su contra un juicio oral y público por esta trama aduanera que defraudó millones de dólares al Estado. 

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