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Una comisión internacional de apoyo a la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, asesinada el pasado día 3, abogó ayer en Honduras por el pronto regreso a su país del mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, quien por orden judicial no puede salir de Honduras. 

"Se debe liberar a Gustavo que es víctima", dijo a corresponsales de prensa extranjera en Tegucigalpa la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Mirna Perla, quien enfatizó que no han tenido las respuestas que esperaban de las autoridades hondureñas sobre la investigación del asesinato de Cáceres. 

Castro era huésped de Cáceres el día que esta fue asesinada en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras, y resultó con dos heridas, no graves. 

Pese a múltiples peticiones de diversas organizaciones y la presentación esta semana de recursos de amparo y habeas corpus para que se le permita regresar a México y que desde su país pueda seguir colaborando con las autoridades hondureñas para esclarecer el crimen, Castro sigue sin poder salir de Honduras. 

  • Castro está siendo investigado como si fuese sospechoso, aunque nadie ha dicho que vaya a ser imputado.

La exmagistrada salvadoreña es integrante de la Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres, que integran más de una decena de ambientalistas y defensores de derechos humanos de varios países, entre ellos el eurodiputado español Miguel Urbán, y su compatriota Pedro Arrojo, del Parlamento de España. 

La misión concluirá hoy domingo su visita al país centroamericano, se ha reunido con representantes de diversas instituciones, incluidos diputados, diplomáticos y fiscales, sin haber obtenido una respuesta favorable sobre la petición de que se autorice la salida de Gustavo Castro a México. 

Imparcialidad

A los integrantes de la misión les preocupa que el mexicano esté siendo investigado en Honduras como si fuera sospechoso por el crimen de Cáceres, aunque al respecto Urbán recalcó que hasta ahora "nadie ha dicho que vaya a ser imputado", y que hacerlo sería "un error" de la justicia hondureña.    "Nosotros no somos nadie para cuestionar a la justicia hondureña, quien la cuestiona son los propios hondureños y quien tiene que dejar fuera de cualquier atisbo de dudas, una investigación independiente y solvente sobre el caso del asesinato de Berta Cáceres, debería de ser el Gobierno hondureño", recalcó Urbán. 

Agregó que "el problema" es que en todas las reuniones que han celebrado "se ha cuestionado la institucionalidad hondureña, debilitada de forma terrible a raíz del golpe de Estado de 2009" al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya. 

Urbán recalcó que lo que esperan de las autoridades hondureñas es "la imparcialidad y la capacidad de poder llevar a cabo un juicio que elimine cualquier rastro de dudas sobre los asesinos materiales e intelectuales del caso de Berta Cáceres".

Además, respaldan la petición de los familiares de Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), del que Cáceres era su coordinadora, de crear una comisión internacional para que investigue el caso, vinculada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).        

El diputado Arrojo (de Podemos), quien también es defensor del agua, expresó que se va "con la preocupación" por la retención en Honduras durante tantos días de Gustavo Castro.

El político y académico enfatizó que los pueblos indígenas en Latinoamérica, como el lenca, al que pertenecía Cáceres, no le hacen daño a nadie, sino al contrario, sirven a su país.

"Lo único que piden es que los dejen vivir en paz en su casa y en su tierra, en su río, no ambicionan ninguna cosa, no exigen nada, no invaden a nadie. Simplemente por defender eso la gente se juega la vida", subrayó Arrojo. 

Dijo además que otros líderes sociales "se esconden" y "tienen que cambiar lugar de vida para que no los maten, particularmente en México". Hasta ahora, oficialmente, las autoridades hondureñas no han informado en qué punto están las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres, pero han señalado que todo se orienta a que el crimen será esclarecido. El fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, dijo el viernes que "por un lado tenemos a la gente que quiere información y por otra parte toca salvaguardar la investigación para obtener resultados", por lo que no puede revelar la etapa de las investigaciones.

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