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El juzgado que ve el caso del exministro de Seguridad panameño José Raúl Mulino por posible peculado, admitió las apelaciones de la Fiscalía en contra de un cambio de medida cautelar que beneficiaba al acusado, informó ayer a Acan-Efe una fuente de la defensa.

La fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, apeló el pasado lunes ante el Juzgado Quinto Penal, presidido por el juez Enrique Paniza, la medida cautelar de prohibición de salida del país para Mulino, quien tiene más de cuatro meses en prisión preventiva, y su exviceministro Alejandro Garúz, investigado en la misma causa. 

El titular del tribunal dio trámite a los recursos de la Fiscalía y los elevó al Segundo Tribunal Superior para que decida sobre "el fondo de la apelación", dijo ayer a Acan-Efe Cristóbal Arboleda, abogado de Garúz, quien tiene arresto domicialirio por otro caso. 

La admisión de las apelaciones suspende el cambio de medida cautelar a favor de Mulino, quien debe permanecer detenido en las instalaciones de la Policía Nacional, donde está desde el pasado 26 de octubre. Aunque no se había ejecutado, el exministro recibió la orden de liberación el 7 de marzo pasado porque el juez consideró desproporcionado mantenerlo recluido cuando el proceso aún está en una fase "incipiente". Paniza, sustentó, según un comunicado, que no se ha probado que Mulino, quien fue ministro de Seguridad durante el mandato de Ricardo Martinelli (2009-2014), sea un tipo "peligroso", y afirmó que las condiciones de la cárcel en la que está recluido no permiten darle los cuidados de salud que necesita.

Las coimas 

Mulino es investigado por supuesta recepción de coimas en un contrato que Panamá firmó con la empresa Finmeccanica de Italia en el quinquenio 2009-2014, por 250 millones de dólares, que incluía la instalación de 19 radares para la lucha antinarcóticos, levantar un mapa cartográfico digital y seis helicópteros de vigilancia.

La apelación de la Fiscalía también involucra al exviceministro de Mulino y exdirector del Consejo de Seguridad, Alejandro Garúz, en arresto domiciliario por un caso de escuchas ilegales durante la Administración de Martinelli, y quien también recibiría la medida de país por cárcel de Paniza (aunque no la disfrutaría).

El pasado día 7 el juez también decretó la nulidad de parte del proceso seguido a ambos exfuncionarios por el caso de los radares, algo que apeló la fiscal Moore. 

La decisión de nulidad parcial se basa en una presunta infracción contra el debido proceso cometido por el Ministerio Público al realizar las investigaciones "fuera del tiempo que otorgó el juzgado para que culminara la instrucción sumarial", indicó entonces el Órgano Judicial.  Arreglo extrajudicial.

El caso Finmeccanica, que el actual Gobierno de Panamá denunció como un contrato lesivo para el país, se resolvió con respecto al consorcio con un arreglo extrajudicial que elimina toda mención a las supuestas "coimas", levantar la suspensión de un contrato para un mapa cartográfico y de los radares, declarar como buena la compra de unos helicópteros, y renunciar a cualquier reclamo futuro. 

A cambio, el conglomerado italiano se llevará los radares no instalados, le otorgará un crédito de unos 30 millones de dólares a Panamá para que le compre productos o repuestos de su fabricación, y le entregará al país centroamericano un helicóptero ambulancia, según el acuerdo publicado en La Gaceta Oficial.

El gobierno de Varela ha presentado alrededor de 200 denuncias por corrupción contra funcionarios de la pasada Administración, incluyendo a prácticamente todos los ministros de Martinelli.

El mismo expresidente tiene abiertas seis causas en la Corte Suprema de Justicia por distintos casos de corrupción, y una orden de detención con fines de extradición emitida por el máximo tribunal a la Interpol por el caso de escuchas ilegales a más de 150 personas.

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