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Las víctimas que prefieren ir a juicio gastan casi 300 veces más que las que se decantan por la mediación judicial en Centroamérica, reveló hoy un estudio de la Organización de Estados Américanos (OEA) presentado en Panamá.

El Estudio de Impacto Económico de las víctimas en la resolución de conflictos en Centroamérica, realizado por el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) de la OEA, revela que por cada dólar que gasta una víctima que acude a un facilitador, 290 dólares son gastados por los que eligen seguir un proceso judicial.

El total de 28 víctimas estudiadas que acudieron a un facilitador judicial invirtieron juntas el equivalente al costo de la canasta básica de la región para dos semanas (153,5 dólares), mientras los de la justicia tradicional gastaron un acumulado de 14 años de canasta básica (más de 50.000 dólares).

Además, quienes acudieron a la vía de intermediación perdieron de un día a una semana en el proceso, mientras que la mayoría de los que prefirieron los juicios tuvo que esperar de dos a seis meses (40 %), más de dos años (32 %) y de uno a dos años (14 %).

Para realizar la comparación se utilizaron 56 muestras divididas en dos grupos de 28 correspondientes a la justicia ordinaria y a la justicia mediadora, cuyas familias estimaron un ingreso mensual de 355 dólares, superior a la canasta básica regional (307 dólares).

La investigación detalla que el costo económico de los juicios representó para el 47 % de las personas entre 100 y 1.000 dólares, 1.000 dólares o más (42 %) y menos de 100 dólares (11 %), con un máximo de 21.000 dólares.

El análisis precisó que las fuentes de financiamiento para pagar un juicio fueron ahorros (46 %), préstamos (18 %), ingresos familiares (14 %), ayuda familiar (14 %) y venta de activos (7 %).

Los casos seleccionados para el estudio se dividieron en 6 categorías temáticas: seguridad de las personas (8), delitos contra la propiedad (4), conflicto de propiedad (20), deudas (4), pensiones alimenticias (12) y pleitos vecinales (8 casos).

La investigación contó con el apoyo del Órgano Judicial de Panamá y la Universidad estatal de Panamá, con el objetivo de dar a conocer que los países de Centroamérica tienen una realidad social que demanda estrategias de intervención dinámicas.

En un evento de presentación del estudio, el embajador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá y coordinador de PIFJ, Pedro Vuskovic, dijo a Efe que los mediadores han realizado un papel fundamental que se ve demostrado en el estudio con valores económicos y porcentuales.

"Los mediadores judiciales están introduciendo una cultura alterna a los conflictos, además al ser voluntarios no tienen costo para la población".

Agregó que los facilitadores son nombrados, capacitados y supervisados por los órganos judiciales de los países, y que el mismo no emite juicios ni resoluciones, sino que se manifiesta como un puente de comunicación entre las partes.

Actualmente hay 11.000 facilitadores capacitados por el PIFJ en Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Argentina y Paraguay.

En 2015 se documentó más de 34.000 casos de mediaciones que beneficiaron a 3 millones de personas en América Latina, evitando que los casos llegaran a los tribunales, resalto el embajador.

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