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  • AFP

El canciller de Honduras, Arturo Corrales, quien fue ministro de Seguridad al inicio del actual gobierno, renunció al cargo este viernes tras ser salpicado en un escándalo por la supuesta participación de la Policía en varios asesinatos de gran impacto, informó la presidencia.

La Casa de Gobierno dijo en un comunicado que el presidente Juan Orlando Hernández "aceptó hoy la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Arturo Corrales".

El ahora excanciller podrá "dedicar su tiempo a tareas especiales que requiera el país y la sociedad hondureña", agregó la declaración.

La sorpresiva dimisión se produce luego de que el diario El Heraldo revelara un informe del Ministerio de Seguridad, según el cual altos mandos policiales ordenaron el asesinato del zar antidrogas hondureño Arístides González en diciembre de 2009.

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El mismo diario aseguró también que la cúpula policial mandó a asesinar al fiscal Orlando Chávez en abril de 2013 y al exasesor de Seguridad Alfredo Landaverde en diciembre de 2014.

Según la versión, todas las autoridades de seguridad pública entre 2009 y 2014 ocultaron información sobre estos hechos.

El Ministerio Público (Fiscalía) abrió una investigación y el pasado 5 de abril reveló que había encontrado indicios sobre el asesinato de González durante el allanamiento a la sede principal de la Policía, conocida como "Casamata".

Corrales fungió como ministro de Seguridad durante el primer año de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, del 27 de enero de 2014 al 8 de enero de 2015, tras lo cual asumió la cartera de Relaciones Exteriores.

Depuración a cuentagotas

El estallido del escándalo condujo al presidente Hernández a pedir al Congreso la aprobación de un decreto de emergencia para acelerar la depuración de la Policía en el plazo de un año.

Hace cuatro años empezó un lento proceso de depuración de la Policía, integrada por unos 12.000 hombres, tras descubrirse a fines de 2011 que numerosas comisarías formaban parte de cárteles de narcotraficantes, sicarios y ladrones.

El presidente nombró una comisión que se encargará de hacer las investigaciones, como ordena el decreto aprobado.

Las autoridades estiman que unos 1.400 miembros de la institución, desde altos oficiales hasta policías rasos, tienen que salir en ese proceso por estar involucrados en delitos.

Carlos Hernández, coordinador de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, destacó que "este es el cuarto esfuerzo que se hace para depurar la policía" y que anteriormente no se pudo, porque las leyes garantizan a los agentes los mismos derechos laborales que a los demás trabajadores.

Añadió que la incorporación de un representante de la sociedad civil en la comisión depuradora, Omar Rivera, se "abren esperanzas" en el nuevo proceso, ya que "la información no solo estará en la estructura de mandos oficiales" como hasta ahora.

Rivera, por su parte, indicó que "la depuración policial se hará de arriba hacia abajo", empezando en los altos mandos para construir una "policía fuerte, efectiva y honesta".

Otra miembro de la comisión, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, afirmó a la estación local radio América que el esfuerzo será orientado a "lograr la línea de respeto que se perdió" de parte de la ciudadanía hacia la Policía.

Rivera recalcó que la depuración debe ser permanente y mantener la "certificación del recurso humano" que garantice "una carrera impecable".

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