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El 16 de abril del año pasado el Ministerio Público (MP-Fiscalía), arropado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), emprendió una de sus más destacadas hazañas al desarticular la autodenominada estructura de “La Línea”, cuyos miembros defraudaban en las aduanas del país.

La presidencia del general retirado, que había llegado con la promesa de combatir con “mano dura” a las estructuras criminales, comenzó a tambalearse con las capturas de algunos funcionarios de confianza y, más aún, con la renuncia (el 8 de mayo) y posterior arresto (el 23 agosto) de su vicepresidenta Roxana Baldettti, envuelta en ese mismo escándalo.

Guatemala vivió todos los sábados y durante al menos cinco meses desde el 25 de abril del 2015 movimientos populares en los que no hubo disparos, sino banderas y sombreros, sombrillas y paraguas por

la lluvia, que salieron a la calle una y otra vez hasta que vieron caer al gobierno del Partido Patriota (PP).

El golpe dado a la estructura criminal acabó con el mandato de Pérez Molina, forzado a renunciar el 3 de septiembre pasado tras ser desaforado por el Congreso en medio de las presiones populares; pero no solo perdió el cargo, también terminó en la cárcel.

Con el testimonio de uno de los integrantes de “La Línea”, admitido hasta ahora como “colaborador eficaz”, Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”, que confirmó la participación del expresidente y de Baldetti en la defraudación, la Justicia buscará poner un punto y aparte a un añejo mal: la corrupción en las aduanas.

“Yo les puse el 1 y la 2”, explicó ese empresario en referencia a cómo eran identificados en la organización, y aseguró que Pérez Molina y Baldetti se quedaban con el 50 por ciento de la “tajada” que recibían los integrantes de la red como pago por contrabando.

A la espera 

El Juzgado B de Mayor Riesgo, que preside el “honorable juzgador” --como le llaman los abogados defensores a Miguel Ángel Gálvez--, no ha resuelto, hasta ahora, si mandará a un juicio oral y público a los exgobernantes y a otra treintena de personas detenidas, entre exfuncionarios y particulares.

El MP y la Cicig le “han lavado la cara” al sistema Judicial que se había doblegado ante el crimen, y que en su deriva afectó a políticos de la vieja guardia que buscaban llegar al poder. La corrupción destapada en las aduanas, el Seguro Social, Tribunales y el Organismo Legislativo no cayeron en saco roto porque en las elecciones celebradas en septiembre pasado los guatemaltecos dieron su voto de castigo.

Resultó un trampolín perfecto para que el novel político Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), emergiera casi de las cenizas como el “salvador”.

En la primera vuelta electoral derrotó a candidatos tradicionales como el empresario Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Lider), y a la exprimera dama de la nación, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Esta última fue con  la que se enfrentó en la segunda vuelta electoral.

Su partido, empero, acogió a varios diputados tránsfugas y de los 11 escaños que ganó en los comicios ahora cuenta con 37 de los 158 que tiene el Organismo Legislativo.

Resistencia al cambio 

En opinión del exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein (2004-2008), “es penoso” observar que los diputados de la actual legislatura se resisten al cambio y a las transformaciones exigidas por la población durante las crisis desatadas por los escándalos de corrupción.

Sin embargo, Morales sostiene que los cambios que exigió la población durante sus protestas pacíficas del año pasado se tienen que cumplir y como primer mandato ha ordenado a sus ministros y funcionarios “cero tolerancia con la corrupción”.

El Congreso también se embarcó en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que han incluido la prohibición al transfuguismo durante los primeros tres años de cada legislatura.

Mientras, Morales y los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Taracena y Ranulfo Rojas, respectivamente, con el acompañamiento de la Cicig, impulsan la reforma al sistema de Justicia a través de un diálogo nacional que está previsto que inicie el próximo 25 de abril.

Un sistema que justo ayer viernes, en la víspera del primer aniversario de “La Línea”, recibe un nuevo golpe de la lacra de la corrupción: 9 detenidos y 5 con orden de captura internacional acusados de formar parte de una trama delictiva en una empresa portuaria que lleva otra vez la firma de Baldetti y Pérez Molina.