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La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), patrocinada por la OEA, empezará a funcionar definiendo mecanismos para nombrar fiscales y jueces, anunció este martes en rueda de prensa el jefe de la entidad, el peruano Juan Jiménez.

"En primer lugar, vamos a decidir con las autoridades pertinentes del Poder Judicial y de la Fiscalía los protocolos de actuación para la selección, certificación de jueces y fiscales", explicó el titular de la misión que este martes inició formalmente labores en Honduras.

Añadió que el segundo paso será hacer "la primera convocatoria internacional de los expertos que van a acompañarnos en las investigaciones de los casos de corrupción", de acuerdo con el convenio que crea la MACCIH.

Luego, se procederá a "seleccionar los primeros caos con los que la Misión va a asumir sus funciones", señaló el funcionario.

El convenio firmado el 19 de enero pasado entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, prevé la creación del organismo para "acompañar, asesorar, supervisar y/o evaluar a las autoridades competentes del Estado de Honduras".

El organismo fue integrado por petición del propio presidente Hernández en momentos en que enfrentaba una ola de protestas callejeras tras revelarse casos de corrupción.

Los manifestantes exigían la renuncia de Hernández, luego de que éste admitiera que decenas de miles de dólares saqueados al sistema de seguridad social ingresaron a las finanzas de su campaña electoral en 2013, aunque alegó que los hechos ocurrieron sin que él tuviera conocimiento.

Los manifestantes exigían la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH) como la que funciona en Guatemala desde hace 7 años, bajo la tutela de las Naciones Unidas (ONU).

A su llega a Honduras, a la Misión le han surgido retos inesperados como el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, cometido el 3 de marzo pasado, así como las denuncias de la prensa de que altos mandos de la policía ordenaron asesinar al zar antidrogas Arístides González, en 2009, y al asesor de Seguridad Alfredo Landaverde, en 2011, a petición de un capo de la droga.

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