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La comisión encargada de la depuración de la Policía de Honduras pidió ayer dar de baja a tres generales por "reestructuración" del organismo de seguridad, mantener a otros tres, suspender a otros dos y seguir buscando el expediente de otro, que fueron implicados en el asesinato de dos excolaboradores antidrogas.

La petición fue hecha por la Comisión para la Depuración y Transformación de la Policía de Honduras al ministro de Seguridad, Julián Pacheco, pero no solicita que se siga investigando a los tres por los que pide la baja, según un comunicado de ese comité, juramentado el pasado día 12 por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

La comisión pide "cancelar" (dar de baja) a los generales Elder Madrid Guerra, Javier Leopoldo Flores Milla y José Leandro Osorio Santos, ya que los cargos que hasta ahora ocupaban "quedan cancelados (eliminados) en la nueva estructura" de la Policía.

También solita ratificar en el cargo a los generales Félix Villanueva, actual director general de la institución de seguridad; Quintín Antonio Juárez, subdirector, y Héctor Iván Mejía, director de operaciones del organismo, añade el comunicado.

Evaluados

No obstante, señala que los tres generales ratificados deben someterse "a evaluaciones periódicas para asegurar su idoneidad y buen desempeño, por organismos externos".

Esa misma comisión pide que se continúe con el proceso de evaluación del caso del general Juan Carlos Bonilla Valladares, ya que su expediente "no se ha encontrado", según un informe entregado por el director general de la institución.

También solicita suspender del cargo a los generales José Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Antonio Sabillón Pineda, por "estar públicamente señalados en actos sujetos a la investigación de las autoridades correspondientes, hasta que se concluyan las mismas".

Esa comisión había solicitado a entes públicos información sobre nueve generales de la Policía tras la denuncia, en las últimas dos semanas, sobre oficiales y otros agentes de la Policía que habrían participado en el crimen en 2009 del zar antidrogas Julián Arístides González y el exasesor antidrogas Alfredo Landaverde, en 2011.

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