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El juicio por el derrumbe de El Cambray II, que el 1 de octubre de 2015 causó 280 muertos en un barrio al sureste de Ciudad de Guatemala, fue suspendido hoy después de que un abogado se declarase "enemigo" de la jueza titular del juzgado Noveno de Primera Instancia.

Por este motivo, la jueza Silvia Morales decidió excusarse y remitir la audiencia a la sala Segunda de Apelaciones, que todavía no ha resuelto el caso, confirmaron a Efe fuentes judiciales.

En este está acusado de "homicidio culposo" el exalcalde de Santa Catarina Pinula José Antonio Coro, municipalidad donde ocurrió el suceso, y que fue arrestado el pasado 15 de enero.

Según la Fiscalía, el exburgomaestre actuó de forma negligente por omitir informes que indicaban "la peligrosidad" del área afectada.

Durante su gestión, entre 2001 y 2015, él mismo solicitó un informe a la estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en el que pedía una evaluación de la zona, donde ya se observaba que el cerro que más tarde se derrumbó tenía partes desprendidas.

El alud se registró el 1 de octubre por la noche en un barrio situado en medio de dos pequeñas montañas, una de las cuales se derrumbó por las fuertes lluvias y enterró 125 casas a más de 25 metros de profundidad, provocando 280 muertos y unos 70 desaparecidos.

Según un informe de la Conred, fechado el 5 de noviembre de 2014, el sector de El Cambray II tenía "socavación y erosión en terrenos y viviendas" debido a las crecidas del río Pinula sufridas durante varios años.

Entre las recomendaciones, el organismo instaba a la municipalidad de Santa Catarina Pinula a considerar la reubicación de la comunidad afectada "parcial o totalmente" en lugares que reunieran "condiciones aptas para viviendas".

Asentamientos como este, según habían declarado a Efe fuentes de la entidad, son consecuencia de una "migración interna" que vive Guatemala, donde la ciudadanía no tiene en cuenta las advertencias de riesgo que impiden construir en laderas o barrancos.

Por el delito de homicidio culposo, Coro podría enfrentar una pena de tres a ocho años de cárcel.

Por este mismo caso, y acusado de los mismos hechos, se le solicitó antejuicio al alcalde de la municipalidad de Santa Catarina Pinula, Víctor Gonzalo Alvarizaes Monterroso, quien asumió el cargo en febrero de 2015 y que el pasado 15 de enero renovó sus obligaciones en el puesto tras ser reelecto el pasado 6 de septiembre.

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