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El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, aseguró este sábado que 9,600 efectivos del Ejército apoyan a la policía en el combate contra las violentas pandillas que atemorizan a la población.

"Nuestros elementos militares se han desplegado en los 262 municipios del país apoyando tareas de seguridad junto a la Policía Nacional Civil (PNC). Son 9,600 efectivos brindando tranquilidad y confianza a nuestro pueblo", aseguró el mandatario en un acto oficial de celebración del día del soldado en la Escuela Militar, en el sector oeste de San Salvador.

El gobierno salvadoreño diseñó un amplio plan de seguridad para contener la violencia de las pandillas que implica un estado de emergencia en los centros penales para cortar la comunicación de las bandas, así como una mayor presencia de efectivos tanto de la Policía como del Ejército en comunidades asediadas por estos grupos delictivos.

SALDRÁN MÁS

Sánchez Cerén informó que se prevé la incorporación de 1,000 reservistas del Ejército a las tareas de seguridad ciudadana, con el fin de tener un "control del territorio" efectivo.

"Nuestros elementos militares han dado muestra de valor y entrega para proteger a la ciudadanía.

Hoy más que nunca, no nos vamos a detener en esta misión de hacer de El Salvador un país más seguro", enfatizó.

El Salvador registra una ola de violencia que de enero a abril dejó una veintena de asesinatos por día y que las autoridades atribuyen en su mayoría a las pandillas, que cuentan con unos 70,000 miembros, de los cuales 13,000 están encarcelados.

BANDA DESARTICULADA

Por otro lado una estructura dedicada al sicariato de miembros de pandillas, formada por policías, civiles y expandilleros, fue desarticulada este viernes por las autoridades salvadoreñas, un hecho inédito en los últimos 20 años.

El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en una conferencia de prensa que fueron arrestados 22 de 25 personas requeridas, incluidos 5 agentes y un empleado administrativo de este cuerpo de Seguridad, y que continúan prófugos cuatro individuos.

A los policías detenidos se les acusa de participar en la comisión de homicidios y de "facilitar uniformes y armas para que se cometieran los asesinatos".

El resto de los detenidos son civiles y exmiembros de pandillas que operaban en los departamentos de La Libertad (centro), Santa Ana (noroeste) y Sonsonate (oeste).

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