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El fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, aseguró que su país necesita revisar el sistema penal para hallar medidas alternativas que permitan descongestionar las cárceles, y a la vez abogó por más recursos para el combate al crimen organizado.

"El país tiene un seriesísimo problema carcelario. Son 20 años en lo que no se ha invertido en cárceles y en los cuales la problemática de la criminalidad se ha vuelto más compleja", declaró el fiscal general en una entrevista con Acan-Efe.

Según Chavarría, el problema de las cárceles "no ha sido abordado consecuentemente", ante lo que consideró "importante sacarlo del ámbito politiquero y de la venta del día de los medios, para ubicarlo en una discusión seria".

Desde el año pasado el Ministerio de Justicia tiene activo un programa para descongestionar las cárceles (que tienen cerca de un 40% de hacinamiento), mediante el cual permite la salida de reos que considera no peligrosos, en una especie de libertad condicional.

"Me parece importante buscar medios alternativos a la pena de prisión", dijo Chavarría, pero advirtió que es "peligroso" que entre los beneficiados se encuentren personas condenadas por tráfico de drogas o asaltos en los que hubo violencia.

REVISIÓN NECESARIA

El fiscal hizo un llamado para que el Ministerio de Justicia consulte a la Fiscalía acerca de las investigaciones y seguimientos que tiene a su cargo.

El fiscal señaló que es necesario revisar el sistema penal del país para convertir algunos delitos que son penalizados con cárcel en  contravenciones (delitos menores), y puso como ejemplo los hurtos simples.

Otra alternativa citada por el fiscal es "el trabajo como una forma de castigo" y aplicar sanciones más "racionales" para casos como el de un joven que hace dos años fue condenado a tres años de cárcel por robar una bolsa de papas.

"La disminución de penas para hacer posible la aplicación de otras medidas es importante y no debemos tenerle miedo", comentó el Fiscal.

Chavarría enfatizó en la necesidad de "descontaminar la discusión de la politiquería", pues en las últimas semanas algunos políticos y juristas han puesto sobre la mesa la posibilidad de instalar una prisión en una isla.

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