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La industria minera se ha convertido en la principal fuente de conflictos territoriales, persecución, agresiones, amenazas y homicidios en Honduras, advirtió un estudio realizado por expertos de una orden religiosa en el norte del país.

"El modelo extractivista de explotación y apropiación de los bienes naturales comunes es, en la actualidad, el principal generador de conflictos territoriales. También es factor de persecución, amenazas, agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y ambientales", destaca el informe.

El estudio fue realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Orden de los Jesuitas (católica) de la ciudad de El Progreso, en el norte del país.

"La minería no solo afecta por el impacto ambiental sino por violaciones a derechos humanos, amenazas, asesinatos" y porque "ha dividido a las comunidades entre los que están a favor y en contra" de las explotaciones, dijo a la AFP Elvin Hernández, uno de los investigadores.

Esa división se da incluso entre las familias, como consecuencia de una estrategia de las industrias mineras que favorecen económicamente a ciertas personas para hacerlas defensoras de las explotaciones.

El estudio detalló que "en 2015, había más de 837 proyectos mineros que estaban a punto de ser concesionados sin cumplir siquiera con los requisitos ambientales. En términos geográficos, esto significa casi el 35% del territorio nacional", de 112.492 km2.

"A lo anterior se suma un nuevo ingrediente: la tendencia a la militarización y a fortalecer las políticas de seguridad que acentúan las medidas coercitivas por encima de las políticas preventivas", sentenció el informe.

"El gobierno cada vez más está convocando a congresos para promocionar la venta del territorio nacional", lo cual tendrá un "impacto ambiental terrible", lamentó Hernández.

El director del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), Agapito Rodríguez, aseguró a la AFP que esa institución estatal ha asignado 300 concesiones que explotan el 1,78% del territorio hondureño.

Respecto a las denuncias de violaciones a derechos humanos, sostuvo que Inhgeomin "garantiza que los procedimientos mineros respondan a los principios de legalidad, transparencia, certeza, simplicidad, publicidad, eficiencia y la participación ciudadana".

La industria minera aporta a Honduras entre 100 y 150 millones de dólares al año.

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