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El Ministerio Público y la Policía de Panamá rescataron ayer a 46 extranjeros que eran explotados sexualmente, de nacionalidades colombiana, venezolana y peruana, y detuvieron a dos ecuatorianos y un colombiano que eran parte de la red de trata de personas.

El rescate de estas personas, 26 de ellas mujeres colombianas y venezolanas, y 20 hombres transexuales de las mismas nacionalidades y peruanos, se realizó durante el allanamiento a 11 apartamentos de una torre residencial ubicada en el sector de El Cangrejo, próximo al centro bancario de la capital panameña, donde tenía lugar la explotación sexual, de acuerdo con la información oficial.

En el operativo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), fueron detenidos dos ecuatorianos y un colombiano, no identificados, que serán procesados por el delito de trata de personas, indicó el MP.

El Ministerio de Seguridad informó por su parte de dos ecuatorianos detenidos, mientras un hondureño, conserje del edificio, y una mujer colombiana quedaron bajo investigación.

En el lugar se hallaron armas, droga, dinero en efectivo y también documentación informática que confirma la existencia del ilícito, según detallaron las autoridades a periodistas. 

La Procuradora (fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell, dijo que esta es la segunda operación de este tipo en menos de un mes "con resultados positivos" y que "no acaba aquí" pues, afirmó, el MP "no va a permitir que se use este país para la trata de personas".

Porcell añadió que la trata de personas es un delito "muy grave" y "delicado" que en Panamá tiene penas de entre 15 a 20 años de prisión, con el agravante de 20 a 30 años más si la explotación se da mediante engaño.

La jefa del MP exhortó a los ciudadanos a que denuncien estas actividades ilegales, ya que, indicó, "en la medida en que tengamos el apoyo de la ciudadanía, que nos comunique que está sucediendo y qué sospecha tienen de algo, nosotros estaremos actuando".

El Fiscal Contra el Crimen Organizado, Rafael Baloyes, dijo que la primera misión tras la desarticulación de esta banda criminal de tratantes fue darle atención psicológica a las 46 extranjeros que eran víctimas de esta explotación sexual.

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