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Los representantes de seis organizaciones de militares retirados aseguraron ayer que "temen" que la "paz social" en El Salvador llegue a su final si sus compañeros de armas son juzgados y condenados por crímenes de guerra a causa de la reciente nulidad de la Ley de Amnistía de 1993.

De acuerdo con el general retirado Jaime García, la ley "fue completamente beneficiosa para la sociedad" porque "permitió que los fusiles callaran" y "nos preocupa que vaya a comenzar una situación difícil que termine con la paz social" si los altos mandos involucrados en crímenes de guerra son juzgados y condenados.

"Comenzaríamos una cacería de brujas" porque "aquí hay muchos resentimientos por varías esquinas de nuestro país", aseguró el dirigente del movimiento de militares retirados Causa Justa, que está compuesta por seis organizaciones.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró, el pasado 13 de julio, "inconstitucional" la Ley Amnistía que impedía reabrir, investigar o procesar crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil (1980-1992).

La decisión judicial se basó en el alegato de que esa amnistía "es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas".

DECISIÓN JUDICIAL

El general Carlos Cáceres señaló hoy que "aceptamos el fallo, pero queremos y abogamos porque no vayan a meter presos a nuestros compañeros, que entonces eran los líderes" del Ejército. 

Para el uniformado en situación de retiro, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 es el "instrumento real y probado que permitió que hubiera paz y reconciliación en El Salvador" (...) "es la base fundamental para que este país esté con democracia", añadió.

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