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Veinte años después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996), los ataques contra los defensores de derechos humanos no han parado de incrementarse.

Así lo aseguró hoy en declaraciones a Efe la presidenta de la Fundación Myrna Mack y premio Nobel alternativo de la Paz en 1992, Helen Mack, antes de participar en el foro "Por la paz y la dignificación de los desaparecidos", que se celebra esta tarde en el Centro Cultural de España.

Este encuentro es una de las actividades del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango (FIPQ) que se celebra desde hoy en Guatemala y que incluye también un coloquio sobre la poetisa y activista Alaíde Foppa, otra de las víctimas del conflicto que dejó tras de sí más de 200.000 fallecidos y 45.000 desaparecidos.


Pese a la firma de la paz, la persecución contra los defensores de derechos humanos no ha cesado, remarcó Mack: el acoso y la vigilancia por parte de los servicios de inteligencia del Estado no han cesado.

En realidad, apuntó la activista, tras el fin de la guerra Guatemala ha asistido a la transformación de una guerra física en una "guerra económica y de corrupción" en la que los mismos que cometieron las violaciones de derechos humanos continúan ejerciendo el poder con mano de hierro para no perder sus privilegios.

A este respecto, lamentó la querella presentada ayer, lunes, por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) contra el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, al que acusa de haber violado el mandato de la entidad al participar en el proceso judicial contra 18 oficiales retirados del Ejército acusados de desapariciones forzadas.

Esta "absurda" denuncia, arguyó Mack, responde a una reacción de una parte del "status quo", el bautizado como estado paralelo de Guatemala, que incluye a una alianza político-económico-militar, que "está molesto" por la lucha contra la impunidad.

En los últimos meses, más de una decena de militares retirados han sido juzgados por crímenes de guerra durante el conflicto armado interno.


Por el caso conocido como Creompaz, ocho de ellos, encabezados por el exjefe del Estado Mayor General del Ejército y general de Brigada retirado Manuel Benedicto Lucas García, fueron enviados a juicio el pasado mes de junio, mientras que dos fueron puestos en libertad.

Otros cuatro militares retirados están acusados de la desaparición de un menor de 14 años en 1981, durante el conflicto armado que vivió el país centroamericano, en el bautizado como caso Molina Theissen.

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