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Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay están entre los países con mayor riesgo de inseguridad alimentaria por los efectos que el cambio climático tiene en la agricultura, según un estudio divulgado en una reunión regional.

El documento, presentado en un encuentro que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebra en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, destaca que el cambio climático en la región pondrá en peligro la base de la seguridad alimentaria debido a su dependencia económica de la agricultura.

El documento, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), señala que el sector agrícola es la actividad económica más afectada por el cambio climático.

LOS CULTIVOS

Este sector es fundamental si se considera que aporta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el 23% de las exportaciones regionales y emplea al 16% de la población ocupada.

El cambio climático afectará al rendimiento de cultivos, impactará en las economías locales y comprometerá la seguridad alimentaria en el noreste de Brasil, en parte de la región andina y en Centroamérica, indicó el estudio.

En Bolivia, los cambios de temperatura y precipitaciones pueden causar  una reducción media del 20% de los ingresos rurales; y, en el caso de Perú, las proyecciones indican disminuciones de la producción de varios cultivos básicos, en especial de aquellos que requieren más agua, como el arroz.

PLANES

Algunos países de la región, así como la Celac, ya han dado pasos importantes en el diseño de planes de adaptación al cambio climático para el sector agropecuario, pero el desafío aún es grande, indicaron en la cita.

Solo en términos de recursos financieros, sin tomar en cuenta los cambios necesarios de política, se requerirá en torno al 0.02% del PIB regional anual.

Los cambios en las precipitaciones también amenazan la alimentación mesoamericana, indica el informe, donde se destaca que aumentarán los periodos de sequía y las lluvias excesivas.

El cambio climático, además, generará una disminución de la disponibilidad de agua para la producción de alimentos y otros usos en las zonas semiáridas y los Andes tropicales, fruto del retroceso de glaciares, la reducción de la precipitación y el aumento de la evapotranspiración en esas áreas.

Esto ya está afectando a los países del corredor seco centroamericano, donde unos 3.5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y 1.6 millones sufren inseguridad alimentaria moderada o grave en El Salvador, Guatemala y Honduras, los países más afectados.

EROSIÓN

Por otro lado, se prevé que las precipitaciones intensas se incrementarán sobre un 7% por cada grado Celsius de aumento de la temperatura, con consecuencias negativas para la agricultura, como el agravamiento de la erosión, el incremento de la escorrentía con pérdida de agua disponible e, incluso, daños a los propios cultivos.

Según el estudio, todos estos aspectos deben ser considerados por los países y por la Celac en sus estrategias de seguridad alimentaria para que la región cumpla su meta de erradicar el hambre en 2025 y avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 LEGISLACIÓN

América Latina ha reducido en las últimas décadas el número de personas que pasan hambre y, para que no se quede en algo temporal, diversas leyes han cobrado impulso en la región con el fin de garantizar el derecho a la alimentación.

El último paso lo ha dado la República Dominicana, donde recientemente se ha adoptado una ley de soberanía y de seguridad alimentaria y nutricional tras cinco años de batalla legislativa.

No basta con reconocer el derecho a la alimentación, sino que es necesario asegurar su cumplimiento formulando todo tipo de políticas, desde el desarrollo social hasta la agricultura familiar, afirma a Efe el especialista de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Juan Carlos García Cebolla.

Los marcos legales permiten precisamente organizar mejor esos programas y políticas, así como darles continuidad consolidando los consensos obtenidos desde un enfoque de derechos humanos, según el experto.

“Cuando se genera consenso hay un menor riesgo de que en cada ciclo político exista la tentación de empezar de nuevo”, sostiene.

En América Latina y el Caribe, donde en el último cuarto de siglo se logró reducir más de la mitad el número de personas que pasan hambre (hasta 34.3 millones) y su proporción (5.5 % de la población), otros siete países ya poseen leyes de seguridad alimentaria nacionales: Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

PIONEROS

Como pioneros en la lucha contra la inseguridad alimentaria destacan Brasil y México, que reconocen en sus constituciones el derecho a la alimentación y desde hace mucho tiempo desarrollan sólidos programas sociales con ese objetivo.

En la región también se ha legislado sobre aspectos particulares, dando como resultado leyes como la de agricultura familiar en Argentina y Perú, la de alimentación saludable en los centros educativos en Uruguay o la del programa del vaso de leche escolar en El Salvador.

Y mientras esas iniciativas van echando raíces, otros países como Costa Rica o Panamá están en vías de negociar leyes similares de seguridad alimentaria.

García Cebolla subraya el papel que ha tenido en esos procesos el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, integrado por legisladores de los distintos países interesados en combatir esa lacra.

PRECIO DE ALIMENTOS

La subida repentina de los precios de los alimentos entre 2007 y 2008 supuso una seria llamada de atención que llevó al Parlamento Latinoamericano a iniciar unas consultas de las que salió la idea de un frente contra el hambre.

En 2009 se estableció esa plataforma que, como explica el experto, ayuda a intercambiar puntos de vista, diseñar políticas pese a los distintos signos políticos y crear consensos regionales de “base sólida”.

En estos últimos años el Parlatino ha elaborado dos leyes marco de referencia: una sobre el derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria, y otra sobre alimentación escolar.

En la República Dominicana, donde se estima que 1.3 millones de personas aún sufren hambre o desnutrición, la diputada y miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre Guadalupe Valdez resalta la importancia de haber colocado ese asunto en la agenda del país “y no solo en la de quien gane las elecciones”.

La celebración de comicios se ha cruzado más de una vez en el proceso de elaboración de la ley de seguridad alimentaria dominicana (la última, el pasado mayo, cuando se celebraron elecciones generales en las que salió reelegido el presidente Danilo Medina).

Tras muchas idas y venidas, finalmente ha sido aprobada una norma que establece el marco legal por el que “el Estado es responsable de generar políticas para garantizar el derecho a la alimentación de la población”, sostiene Valdez, impulsora de la iniciativa.

Ese enfoque de derechos contribuirá a evitar que los políticos “jueguen con el hambre de las personas” y “compren su voluntad de forma clientelar” regalándoles alimentos para su despensa, enfatiza.

Aún se necesita un reglamento para aplicar la ley, que se espera que ayude a mejorar también la coordinación entre los ministerios.

Porque hablar de seguridad alimentaria también es hacerlo, por ejemplo, de la producción, el acceso y la calidad de los alimentos, el empleo y el desarrollo rural.

Valdez destaca, en ese sentido, el diálogo entablado con otros integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre para intercambiar experiencias y avanzar en políticas que tengan un impacto directo en las comunidades rurales.

Algo que busca, por ejemplo, la promoción en la región de productos locales para la alimentación escolar con vistas a impulsar la agricultura familiar de cada zona. 

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