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La represión de la delincuencia y el combate a las pandillas atiborró las cárceles de Centroamérica, marcando un peligroso escenario de hacinamiento que impide la rehabilitación y alimenta la escuela del crimen, según los especialistas.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá tienen en conjunto 103,994 reclusos en un centenar de cárceles con capacidad para 48,218, lo cual genera una tasa de sobrepoblación que oscila entre un 22% y un 245%.

"El hacinamiento marca el fracaso de la estructura del sistema de justicia en su conjunto. No se han buscado alternativas a la cárcel para la población en conflicto con la ley", declaró a la AFP la investigadora penitenciaria salvadoreña Laura Andrade.

Los estudios advierten que los gobiernos han optado por el encarcelamiento masivo como un recurso populista para atender el clamor de una población desesperada por la alarmante delincuencia.

"La percepción de la ciudadanía del encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ha obstaculizado el avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar medidas alternativas y fomentar la reinserción social", advirtió el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) en un informe regional titulado Seguridad Ciudadana.

En los últimos años, la principal apuesta de los gobiernos centroamericanos ha sido la remodelación de cárceles o la construcción de nuevos penales, aunque la mayoría de los presupuestos no contemplan programas de rehabilitación y están más orientados al pago de personal y a la alimentación de internos.

En ese sentido, el PNUD advirtió que la "función rehabilitadora" no ha sido una prioridad y, por el contrario, las cárceles han emergido como un espacio que ha potenciado la violencia, los abusos a los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva.

En los países del Triángulo Norte de Centroamérica --Guatemala, El Salvador y Honduras-- los pandilleros encarcelados representan una de las mayores preocupaciones por el nivel de organización criminal que han alcanzado.

Para contener el nivel de criminalidad desatado desde las cárceles, las autoridades de El Salvador decretaron a fines de marzo severas medidas en seis presidios para cortar la comunicación con el exterior de los 16.197 pandilleros presos, que representan el 46,3% de la población reclusa del país.

Nueva política criminal

Para salir al paso del hacinamiento carcelario, en momentos en que la región afronta problemas sociales producto del desempleo y la pobreza, autoridades y organismos de derechos humanos proponen reorientar los sistemas punitivos.

"Es urgente desarrollar una nueva política criminal del Estado, que abarque a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), que nos obligue a tomar decisiones que impidan que la cárcel sea la única disposición aplicable, sino que haya una serie de posibilidades alternativas", declaró a la AFP la ministra de Justicia de Costa Rica, Cecilia Sánchez.

Para Sánchez, la "pobre estructura carcelaria" y la "escasez" de personal técnico impiden desarrollar una estrategia de rehabilitación.

En Guatemala, la Coordinadora de la ONG Colectivo Artesanas Andrea Barrios estima que para reducir el hacinamiento carcelario se pueden tomar "medidas alternativas" para los infractores con delitos menores, ya sea "arresto domiciliar" o penas de trabajo comunitario.

Hacinamiento incontrolable

Con 34,938 reclusos en sus 19 cárceles, El Salvador tiene el mayor hacinamiento (245.6%), seguido de Guatemala con 20,697 reos en 21 cárceles (203.9% de sobrepoblación), en tanto que Panamá acumulaba 17,342 en 22 cárceles y es el país con el menor hacinamiento con 22.3%

Honduras, en sus 25 cárceles para 8.120 personas tiene 17.017 internos (109,5% de hacinamiento) y Costa Rica en 13 presidios con cupo para 9.000 tiene 14.000 internos (55,5%).

De Nicaragua, el último dato oficial de 2014 señalaba la existencia de 10,958 presos, aunque las autoridades han informado que desde ese año hasta febrero fueron puestos en libertad 8,243 reos condenados por "delitos leves". No se dispone de cifras actualizadas para este país.

A pesar de que El Salvador tiene el más elevado hacinamiento, 70.63% de sus internos (24,675) tiene condena, mientras que en Panamá 60% son solo indiciados.

En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró que "es inconstitucional el cumplimiento de las penas de privación de libertad en condiciones de hacinamiento, ya que se vulnera el derecho a la integridad personal".

"Bajo las condiciones actuales de hacinamiento y sobrepoblación, las inhumanas condiciones de habitabilidad y la violación de derechos humanos fundamentales que enfrenta la gran mayoría de la población privada de libertad, la cárcel opera contraria al mandato resocializador", consignó un estudio del sistema penitenciario salvadoreño de la Universidad Centroamericana.

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