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El flujo de menores centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos rebotó en la primera mitad de este año y no tiene visos de reducirse pese a los peligros que plantea el viaje, advirtió hoy Unicef.

Según un informe de la agencia de la ONU para la infancia, entre enero y junio casi 26.000 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera estadounidense.

La cifra está lejos de los 44.500 registrados en ese mismo periodo de 2014, cuando se vivió una gran crisis en la zona, pero es superior a los 18.500 capturados en la primera mitad de 2015, todo según datos de las autoridades de EE.UU.

Además, este año otros 16.000 niños procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron detenidos en México y muchos han muerto o desaparecido durante la peligrosa travesía.

"Es desgarrador pensar en estos niños -la mayoría de ellos adolescentes, pero algunos aún más jóvenes- haciendo este viaje agotador y extremadamente peligroso en busca de seguridad y una vida mejor", señaló en un comunicado el director ejecutivo adjunto de Unicef Justin Forsyth.

Según la agencia, este flujo de jóvenes refugiados y migrantes pone de manifiesto la "importancia fundamental de responder a la violencia y las condiciones socioeconómicas de sus países de origen".

Unicef recordó que estos menores huyen en la mayoría de los casos de la pobreza y de la brutalidad de bandas criminales y proceden de algunos de los países más peligrosos del mundo.

El Salvador, con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, registra la tasa de asesinatos más alta del planeta y tanto Honduras como Guatemala figuran entre los primeros puestos.

En el caso de los menores no acompañados que son detenidos al llegar a Estados Unidos, Unicef llama la atención sobre el hecho de que un 40 % de ellos dispone de un abogado que los represente ante las autoridades de inmigración.

Según el informe, esos niños tienen muchas más probabilidades de ser deportados que aquellos que cuentan con defensa legal.

Una comparativa de casos iniciados en 2015 mostró, asegura Unicef, que para un 40 % de los menores sin abogado se ordenó la deportación, frente a un 3 % en el caso de los que tenían representación.

Los casos ante los tribunales de inmigración pueden durar años, un periodo durante el que los menores no tienen estatus legal en EE.UU. y, por tanto, a menudo no tienen acceso a la sanidad y otros servicios públicos.

Además, aunque tienen garantizada la escolarización, se han dado episodios en los que se ha impedido que acudan a las clases, según Unicef.

"Debemos recordar que los niños, sea cual sea su estatus, son antes que nada niños. Tenemos el deber de protegerlos en un ambiente saludable", señaló Forsyth.

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