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El alcalde de la municipalidad de Santa Catarina Pinula, Víctor Gonzalo Alvarizaes Monterroso, fue de nuevo detenido ayer acusado de homicidio culposo por un alud que en octubre pasado causó 280 muertos y 70 desaparecidos. El regidor, cuya inmunidad le fue retirada el pasado junio, había sido detenido por primera vez el jueves, pero horas más tarde fue puesto en libertad por un error en su detención, al no estar vinculado su expediente con el caso que juzga lo ocurrido en El Cambray.

Alvarizaes Monterroso fue de nuevo detenido ayer, viernes, y trasladado a la torre de tribunales, informó el Ministerio Público (MP-Fiscalía).

El regidor está acusado de homicidio culposo por un alud que en octubre pasado causó 280 muertos y 70 desaparecidos, Por estos hechos fue detenido en enero el exalcalde de la municipalidad José Antonio Coro García, cuyo juicio está pendiente de fecha para iniciar.

Coro, arrestado en la municipalidad, está acusado de actuar de forma negligente por omitir informes que indicaban "la peligrosidad" del área afectada, ya que según la Fiscalía tenía conocimiento del riesgo que había en la zona. Durante su gestión, entre 2001 y 2015, él mismo solicitó un informe a la estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en el que pedía una evaluación de la zona, donde ya se observaba que el cerro tenía partes desprendidas.

Alvarizaes, en cambio, solicitó un informe a la municipalidad en marzo de 2015, en el que se volvía a poner de manifiesto la peligrosidad del área, fuertemente erosionada y con riesgo de derrumbe.

LOS DOS IMPUTADOS

Según la Fiscalía, los dos son responsables de la tragedia por no haber llevado a cabo las acciones necesarias para prevenirla, a pesar de tener conocimiento técnico y visual de la situación.

Los medios de investigación, informes municipales y estatales, así como más de 100 testimonios de afectados, establecen que tanto el actual alcalde como su predecesor tenían pleno conocimiento de los hechos e ignoraron la situación al no realizar ninguna acción evidente para prevenirlo.

El alud se registró el 1 de octubre por la noche en un barrio al sureste de la Ciudad de Guatemala, situado en medio de dos pequeñas montañas, una de las cuales se derrumbó por las fuertes lluvias y enterró 125 casas a más de 25 metros de profundidad, provocando 280 muertos y unos 70 desaparecidos.

EL PELIGRO

La Fiscalía había anunciado en su momento que realizaría una investigación para depurar responsabilidad, ya que la zona había sido declarada de riesgo desde 2008 por la estatal Conred.

Según un informe de la Conred, fechado el 5 de noviembre de 2014, el sector de El Cambray II tenía "socavación y erosión en terrenos y viviendas", debido a las crecidas del río Pinula sufridas durante varios años.

Entre las recomendaciones, el organismo instaba a la municipalidad de Santa Catalina Pinula a considerar la reubicación de la comunidad afectada "parcial o totalmente" en lugares que reunieran "condiciones aptas para viviendas".

Asentamientos como este, según habían declarado a Acan-Efe fuentes de la entidad, son consecuencia de una "migración interna" que vive Guatemala, donde la ciudadanía no tiene en cuenta las advertencias de riesgo que impiden construir en laderas o barrancos.

Los dos señalados, acusados del delito de homicidio culposo, podrían enfrentarse a una pena entre 3 y 8 años de cárcel.

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