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Un "megaoperativo" desarrollado la madrugada de ayer por la Policía y la Fiscalía en el departamento oriental de Usulután dejó a 314 miembros de la pandilla Barrio 18 detenidos, informó una fuente oficial.

La Fiscalía del país centroamericano explicó que "con estas detenciones se resuelven 47 casos de homicidio y 27 de extorsión".

La entidad de investigación indicó que entre los detenidos se encuentran dos trabajadores municipales, uno de la localidad de Santiago de María (este) y otro de Puerto El Triunfo (sudeste), quienes están "ligados" a la pandilla Barrio 18.

El "megaoperativo Tiburón" se llevó a cabo en varios municipios del departamento de Usulután, 110 kilómetros al sudeste de la capital salvadoreña.

La extorsión es una práctica ilegal que utilizan las pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias para recaudar fondos.

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, este y los homicidios son los principales delitos que afectan al país centroamericano.

Un informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señala que el 22 % de las micro y pequeñas empresas (Mypes) son víctimas de extorsión en El Salvador, principalmente en las zonas dominadas por las pandillas.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), solo en 2014 el costo para el país de la violencia, incluidas las extorsiones, fue de 4.026,3 millones de dólares, aproximadamente el 16 % del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador. ACAN-EFE

DETIENEN A EXALCALDE

El exalcalde de la localidad salvadoreña de Puerto el Triunfo José Tenorio, detenido ayer durante  un "megaoperativo" contra Barrio 18, apoyó la tregua entre las pandillas entre 2012 y 2014 y financió a estos grupos, reveló el fiscal general, Douglas Meléndez.

De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, Tenorio se encuentra entre los 314 pandilleros arrestados la madrugada de ayer en el oriental departamento de Usulután, y se le acusa de beneficiar a pandilleros a cambio de disminuir la violencia en la localidad.

Meléndez señaló que Puerto El Triunfo se sumó a los "municipios santuarios" en los que los alcaldes pedían la intervención de mediadores para que las células locales de las pandillas se sumaran al armisticio y el Gobierno les diera prioridad en sus programas sociales.

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