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  • EFE

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) expresó hoy sus "condolencias" por el derrumbe que cobró diez vidas en Guatemala y alertó que es necesario adoptar "medidas urgentes" en la región por el cambio climático.

En un comunicado, la entidad, cuya sede está en Ciudad de Guatemala, mostró a través de su presidente, el nicaragüense José Antonio Alvarado, "sus condolencias y solidaridad" a los familiares de los fallecidos y heridos por el derrumbe de un muro que soterró varias viviendas en la Colonia Santa Isabel 2, en Villa Nueva.

Ante esta situación, Alvarado recordó además la necesidad de poner en práctica "urgentes medidas de mitigación y prevención" de desastres naturales en los países de la región, ubicados en una de las áreas de mayor riesgo en el mundo a consecuencia del cambio climático.

En este sentido, el presidente del Parlacen respaldó "los esfuerzos" que se realizan en Nicaragua para preparar los mecanismos que faciliten la cooperación entre los países de la región centroamericana ante una situación de emergencia, como varios talleres que se han organizado en el país.

Según un informe preliminar elaborado por los servicios de emergencia, las fuertes lluvias que provocaron que se acumularan más de 120 centímetros de agua y las deficiencias en la construcción de un muro fueron las causas del derrumbe que causó diez muertos, entre ellos dos menores de edad, y la desaparición de otro joven, que los socorristas continúan buscando.

El "colapso estructural", como fue definido por el experto de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred), Walter Monroy, se produjo a causa de las copiosas lluvias que provocaron el derrumbe sobre unas viviendas de un muro de cemento y de un contenedor de un predio de vehículos pesados.

La responsabilidad legal de lo ocurrido será definida en las próximas semanas, cuando se aclaren las causas del derrumbe.

La municipalidad de Villa Nueva, la localidad ubicada al sur de Ciudad de Guatemala donde se produjo un derrumbe, ha declarado el estado de emergencia y alerta roja.

En un pleno extraordinario, el Consejo Municipal decidió además declarar tres días de duelo y solicitar a la Conred que dicte como inhabitable un área donde aún viven 30 familias.

La Procuraduría de los Derechos Humanos también alertó de que restan por evacuar 99 viviendas, con alrededor de 500 personas, en la zona de Santa Isabel II, donde se produjo el derrumbe.

El asentamiento, ubicado junto al río Platanitos, fue creado en el año 2006 cuando el terreno, que pertenecía a la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (Unedipo), fue invadido por los pobladores.

Tras el derrumbe, las autoridades locales han habilitado un albergue para los afectados, así como un centro de acopio con ayuda en forma de ropa, alimentos y medicamentos.

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