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  • EFE

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró hoy que no defiende ni a su hijo ni a su hermano por su presunta implicación en un caso de corrupción, pero lamentó las críticas desmedidas por unos hechos que no han sido investigados y expresó su confianza en que todo sea aclarado por la Justicia.

"Nadie es diferente ante la ley, nadie, pero tampoco nadie debe ser linchado", declaró el mandatario en unas palabras con las que parecía referirse a la situación de sus familiares, a los cuales la Justicia decretó la pasada semana la prohibición de salir del país hasta que se aclare su participación en la trama.

Aunque no han sido acusados, ambos están presuntamente involucrados en el fraude al Estado de más de 3 millones de quetzales (unos 397.324 dólares) en el Registro General de la Propiedad (RGP), un caso por el que ya han sido procesadas más de una veintena de personas.

Tras destaparse el escándalo, Morales, quien ha basado su Gobierno en una lucha frontal contra la corrupción desde la campaña electoral de 2015, mostró su confianza en su hijo y en su hermano: "En este momento, mi esposa y yo respaldamos plenamente a nuestro hijo y confiamos en la honorabilidad de mi hermano".

El vástago de Morales, José Manuel Morales Marroquín, que estudia en el extranjero, volvió a Guatemala a prestar declaración el 7 de este mes, mientras que el hermano del mandatario, Samuel Everardo Morales, también acudió de forma voluntaria en los últimos días.

"En ningún momento interferiré en el proceso de investigación", reiteró hoy el presidente durante un discurso pronunciado en el marco del aniversario de los 20 años de la firma de la paz de Guatemala, donde también ensalzó su compromiso con la Justicia "si alguien cometió un error, el error debe pagarse".

El hijo y el hermano de Morales podrían haber tenido un nexo con el caso de corrupción por cotizaciones de alimentos a la empresa Fulanos y Menganos S.A., implicada en el caso de corrupción del RGP.

Fulanos y Menganos es una entidad que salió a la luz el pasado 1 de septiembre, cuando la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desarticularon la red.

La investigación desveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015, se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos, conocidos como "plazas fantasma", a los cuales se destinaron más de 3 millones de quetzales como remuneración por un trabajo no realizado, aunque nadie asistió físicamente a los puestos de trabajo.

En este marco, la empresa Fulanos y Menganos fue presuntamente contratada para dar servicio de desayuno a unas 524 personas por un importe de 90.000 quetzales (11.964 dólares), pero finalmente el evento no se realizó.

"Si no estoy defendiendo a mi hijo, ni a mi hermano, porque confío en las instituciones y en el debido proceso, creo que está claro para ustedes funcionarios públicos que a ninguno voy a defender", proclamó con cierto enfado el jefe de Estado, quien dijo que no hablará con los medios de comunicación de este caso.

Esta es la primera ocasión que el mandatario opina sobre el asunto después de que él mismo lo hiciera público la semana pasada, aunque aseguró que no evita a la prensa, que por el momento no ha tenido ocasión de preguntar sobre el caso.

En una entrevista en exclusiva con Efe la pasada semana, el abogado de ambos familiares, Gustavo Barreno, aseguró que la implicación de los familiares carece de fundamentos y achacó estas acusaciones a un ataque político en contra del jefe de Estado.

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