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El Salvador espera el viernes la resolución de su larga disputa judicial contra una minera canadiense ante el órgano de arbitraje del Banco Mundial, en un caso que constituye una "amenaza seria" para la economía del país, dijo este jueves a AFP el abogado salvadoreño.

De acuerdo con Luis Paredes, que representa al país en este caso, "lo que está en juego es si se puede ocupar el sistema de arbitraje internacional para presionar a un estado a otorgar a una empresa un derecho que no tiene".

Además, añadió, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) debería discutir si "es la empresa que tiene que aceptar y adaptarse a las leyes del país al que llega a invertir, o si es el país que debe cambiar sus leyes para darle gusto a la empresa extranjera".

El caso se arrastra desde 2004, cuando la minera canadiense Pacific Rim Mining (posteriormente convertida en Pacific Rim Cayman LLC) solicitó una licencia para extraer oro en El Salvador pero el Estado la rechazó por considerar que la empresa carecía de los requisitos para ello.

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En 2009, la empresa recurrió al tribunal de Solución de Controversias sobre Inversiones (CIADI), una instancia que pertenece al sistema del Banco Mundial, solicitando 250 millones de dólares en compensaciones.

En 2008 el gobierno salvadoreño implementó una suspensión general de todas las licencias de minería metálica, medida que rige hasta la actualidad.

Paredes dijo a AFP este jueves que los tres jueces que analizan el caso en el CIADI deben expedirse el viernes.

En el proceso la empresa minera "no pudo demostrar que se le había violado ningún derecho, dijo el letrado. En cambio, El Salvador demostró que ellos no habían cumplido con la ley de minería", para obtener su licencia, añadió.

Paredes, sin embargo, reforzó que existe una clara tendencia de "abuso" del sistema de arbitraje internacional entre grandes empresas contra países pequeños.

Según su equipo, en 2000 habían sido registrados tres casos de arbitrajes ante el CIADI con esas características, pero en 2013 ese número había saltado a 169 procesos, casi la mitad de ellos contra países latinoamericanos.

Paredes recordó el histórico fallo del CIADI en favor de Uruguay en un reciente caso contra la gigante tabacalera Philip Morris, y señaló que la táctica utilizada es la misma.

"No es legítimo que un inversionista extranjero llegue a utilizar tratados internacionales para amenazar a un estado con arbitrajes, para lograr algo a lo que no tiene derecho de acuerdo a la legislación", señaló.

En El Salvador, el abogado Saúl Baños, de la entidad no gubernamental FESPAD, dijo a AFP que los salvadoreños "confiamos y creemos en que será un arbitraje a favor", a raíz de la "buena defensa que se ha hecho del caso".

"Si llegamos a tener una resolución desfavorable sentaría un mal precedente jurídico, pues eso podría derivar en que otras empresas con interés de explorar o explotar la minería en el país tengan un asidero legal para demandar al Estado", señaló.

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