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La fiscalía salvadoreña acusó este lunes al detenido expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus colaboradores de haber desviado 246 millones de dólares, parte de los cuales fueron cobrados en efectivo.

"Hay un monto general de 246 millones (de dólares) que fueron desviados a una gran cantidad de cuentas particulares a favor de unos imputados", declaró el fiscal general, Douglas Meléndez, en conferencia de prensa.Antonio Saca, en la boda de su hijo, previo a su arresto. CORTESÍA DIARIO EL MUNDO/ END

"Hemos determinado que por lo menos 116 millones fueron cobrados en efectivo; de las cuentas del Estado fueron remitidas a cuentas particulares de empleados de casa presidencial y posteriormente fueron remitidas a cuentas de empresas", agregó.

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La investigación fue realizada por el naciente Grupo contra la Impunidad (GIC) en una operación denominada "Destape a la corrupción", dijo Meléndez.

Como parte de las indagaciones, este lunes comenzó el allanamiento de negocios vinculados a un primo del expresidente Saca.

El fiscal denunció haber sentido "las presiones" por la apertura de una investigación contra el expresidente Saca, pero advirtió que "no vamos a retroceder y vamos a continuar ejerciendo nuestras facultades".

FISCAL EN LA MIRA

La credibilidad de la Fiscalía salvadoreña estará en juego cuando la "robustez" de la investigación contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y otros exfuncionarios, acusados de corrupción, llegue a los tribunales, aseguró a Acan-EFE el analista político Roberto Cañas.

"Si esto termina en que quedan en libertad condicional y no hay recuperación del fondo de 18 millones de dólares que se persigue, lo que va a quedar en entredicho es la credibilidad del Ministerio Público para terminar bien una investigación", aseguró.

Según Cañas, político, economista y educador de izquierdas pero alejado de la antigua guerrilla del FMLN, "hay tendencia" a que a los exfuncionarios investigados por casos de corrupción reciben beneficios de libertad condicional o arresto domiciliario.

Añadió que, en el caso de Saca, la defensa está "acumulando elementos" para comprobar el "arraigo" y solicitar al juez "la libertad con medidas sustitutivas".

"El juez dictamina a partir de las pruebas y si la investigación no es robusta, quien tiene el problema es la Fiscalía porque presenta casos que no tienen fuerza en términos de la calidad de la prueba y hacen que al final de cuentas los dejen en libertad y camino a la impunidad", reflexionó.

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