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  • ACAN-EFE

La Fiscalía salvadoreña allanó la madrugada de hoy la residencia del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) como parte de la investigación por los delitos de corrupción cometidos al supuestamente desviar 246 millones de dólares del presupuesto estatal.

"Buscamos evidencia documental que pueda servir para abonar a la investigación que nosotros hemos venido desarrollando", dijo a periodistas el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortéz.

De acuerdo con el jefe fiscal, en la residencia, ubicada en una de las más exclusivas zonas de San Salvador, no se encontraba ningún familiar de Saca al momento del registro.

Lamentó que en el lugar no encontraron "ningún documento de intereses", contrario a los incautados en un consorcio de radios de Saca allanado el martes y "sobre los que se está trabajando".

Las autoridades también han intervenido una radio del exmandatario en el departamento oriental de Usulután y un negocio de venta de autos propiedad de su primo Herbert Saca.

Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, son acusados de formar una estructura que desvió 246 millones de dólares del presupuesto gubernamental a cuentas privadas.

A ellos se suman, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, "colaboradores directos del expresidente Elías Antonio Saca", aún empleados de la Presidencia.

Estos afrontarán el proceso penal por los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero en el Juzgado Cuarto de Paz de la capital, la audiencia inicial está programada para este 3 de noviembre.

Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió los 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares "en efectivo".

Detalló que durante las investigaciones, iniciadas tres meses atrás, han determinado que al menos 6 millones de dólares fueron blanqueados "vía triangulación" a las empresas de Saca, que incluyen un reconocido consorcio de radios, por parte del exmandatario y Charlaix.

La investigación, denominada "Destape Corrupción", tuvo como origen un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia con el que se inició un proceso civil contra Charlaix por supuesto enriquecimiento ilícito en más de 18,7 millones de dólares.

Dicho informe establece que de una "partida secreta" del Gobierno en la que se manejaban fondos para la inteligencia estatal se libraron cheques a nombre de funcionarios y que este dinero finalmente acabó en las cuentas de Charlaix.

A nombre de Saca fueron emitidos más de 15 millones de dólares, otros 497.406 dólares para Rank, 45.000 dólares para César Funes y 400.000 dólares para el partido que llevó al poder al expresidente, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que en 2010 lo expulsó.

No es la primera vez que Arena se ve salpicado por este tipo de casos.

Según la Fiscalía, el partido recibió 10 millones de dólares del difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004), que supuestamente desvió donaciones taiwanesas y por lo que afrontó un proceso penal.

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