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El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2009-2014) deberá enfrentar una investigación judicial por supuestamente malversar 246 millones de dólares encerrado en los calabozos de la Policía y con todos sus bienes embargados, según decretó ayer la jueza del caso.

"Se tienen acreditados los delitos imputados, por lo que el proceso pasa a la siguiente fase (instrucción) con la medida cautelar de la detención provisional" y el "embargo general de bienes muebles e inmuebles", decretó Nelly Pozas, jueza cuarta de Paz.

Tras los intensos debates entre los fiscales y la defensa de Saca y 6 de sus colaboradores entre jueves y viernes, Pozas impuso las medidas cerca de las 9:00 hora local (15:00 GMT) de ayer en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.

Según la letrada, las razones que expusieron los abogados defensores para pedir la libertad de los procesados "no son suficientes" porque "las penas que se van a imponer son bastante grandes", más de 30 años, como para que los procesados intenten huir.

"Los imputados tienen las condiciones económicas necesarias como para evadir la justicia", acotó.

El viernes, el exmandatario Saca solicitó a la jueza la libertad condicional para poder preparar su defensa, buscar los documentos que respalden su "inocencia" y por razones de salud.

"Hace un año estuve en cuidados intensivos y necesitoconstantemente ver a los médicos por dos dolencias complicadas y graves", dijo Saca al momento del uso de la "última palabra". Sobre la imposición del embargo "general" y "preventivo" de los bienes "a nombre de cada acusado", Pozas aseguró que es "necesaria, adecuada y proporcional", pese a ser "atípica".

La medida "es para que se tenga la certeza de que no se sustraigan bienes mientras dure este proceso" y que "al final se tengan los suficientes bienes para responder por las responsabilidades", añadió.

El exmandatario y sus 6 colaboradores fueron enviados nuevamente a la División Antinarcóticos de la Policía en San Salvador, donde deberán esperar a que comience la siguiente etapa en el Juzgado Cuarto de Instrucción de la capital.

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Con visitas

La jueza autorizó que los imputados reciban la visita de sus familiares "más allegados", de sus médicos y que puedan realizar actividad física en el recinto por sus condiciones de salud. El próximo jueves, la defensa recibirá la copia de la resolución para que inicie el plazo para que puedan interponer las apelaciones que vean necesarias.

Los defensores de los acusados aseguraron a la prensa, tras la lectura de la resolución, que apelarán la decisión de la jueza de Paz, porque "carece de fundamentación y ha sido calcada de lo que expuso la Fiscalía durante la audiencia".

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