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Familiares y activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) exigieron ayer en Tegucigalpa la condena de los autores materiales e intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el pasado 3 de marzo.

Una de los hijos de Berta Cáceres, Olivia Zúniga, dijo a periodistas que viajaron a la capital porque se está celebrando audiencia con dos exfuncionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente supuestamente implicados en el crimen por asuntos relacionados con licencias de permisos ambientales.

Cáceres fue asesinada en su casa, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente del país centroamericano.

La líder ambientalista, que además era la coordinadora general del Copinh, se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país, conocido como Agua Zarca, porque en su opinión le causaba daño al país, principalmente a los pueblos indígenas.

DETENIDOS

Las autoridades hondureñas han detenido hasta ahora a cinco personas, entre ellos, un oficial del Ejército y un excapitán de la policía y un empleado de la empresa Desarrollos Energéticos, como presuntos autores materiales del asesinato de Cáceres.

El proyecto hidroeléctrico está paralizado desde que se registró el crimen, pero pobladores de más de una decena de comunidades favorecidas en la zona de influencia exigen que se reanuden las operaciones, porque representaban empleos para centenares de personas y otros beneficios sociales, que también han sido suspendidos.

Cáceres fue asesinada pese a tener a favor medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El único testigo del crimen es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de Cáceres el día que esta fue asesinada.

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