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  • EFE

Los asesinatos de policías y soldados por parte de las pandillas pusieron en emergencia a las autoridades salvadoreñas que arreciarán el combate a esas bandas, que ya mataron a 44 agentes este año.

Las dos últimas víctimas de estos ataques fueron el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Lorenzo Rojas, y su hijo universitario Marvin Antonio Rojas, quienes fueron asesinados este miércoles a balazos al salir de su casa en las faldas del volcán de San Salvador, en el noroeste de la capital. La esposa del oficial resultó herida en el ataque.

"Nosotros estamos en emergencia por los ataques a los policías, como Fiscalía vamos de frente contra la delincuencia", declaró en una improvisada rueda de prensa el fiscal general Douglas Meléndez, tras conocer el asesinato del subinspector.

En las últimas dos semanas, una decena de agentes policiales y tres soldados de la Fuerza Armada han sido asesinados en distintos puntos del país en acciones que las autoridades atribuyen a las pandillas, que han cometido los crímenes, en su mayoría, cuando los efectivos se encontraban de licencia.

El director de la policía, comisionado Howard Cotto, tras lamentar los asesinatos de agentes policiales, dijo que ante esa situación "preocupante", giró instrucciones a los policías a que "tomen las medidas de seguridad necesarias" para evitar ser atacados por pandilleros.

"Estamos investigando estos crímenes, vamos a dar con los responsables", sostuvo Cotto.

Para el fiscal general, los asesinatos de policías y soldados son hechos por las pandillas para "amedrentar" a los miembros de esos cuerpos.

"Estos ataques definitivamente los están haciendo para amedrentar, para bajar la moral de los policías", sostuvo Meléndez, tras advertir que "vamos a ir en contra de la delincuencia, de estas personas que están cometiendo estos ataques, tenemos que atacar a la delincuencia".

El jefe fiscal dijo que la institución también ha girado instrucciones a fiscales para que "tomen las medidas de prevención" necesarias para evitar ser blancos de las pandillas, y lo mismo ocurre en la Fuerza Armada.

En tanto, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, tras condenar los asesinatos de policías dijo que "es necesario y urgente tomar acciones de protección" no solo para los agentes y soldados, sino también para sus familias.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, indicó que muchos de los asesinatos habrían sido ordenados por cabecillas de pandillas desde cárceles donde están recluidos.

Ante esa situación, este miércoles la Dirección General de Centros Penales (DGCP) trasladó a casi medio centenar de cabecillas de pandillas desde los penales de Izalco (oeste) y Ciudad Barrios (este), a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocida como "Zacatraz", en el sureste del país.

"La cárcel con el régimen más duro está esperando a todos los que atenten en contra de los miembros de la policía", advirtió Ramírez, en referencia a la cárcel de Zacatecoluca, considerada la más estricta del país por sus fuertes medidas de encierro y seguridad.

Para intentar contener la ola de violencia delincuencial, el gobierno salvadoreño mantiene en las calles a poco más de siete mil soldados en apoyo a labores de seguridad pública que efectúa la policía.

En lo que va del año, la policía contabiliza 500 enfrentamientos armados con pandilleros a lo largo del país, detalló Cotto.

La violencia en El Salvador, que en buena medida se debe a las pandillas, dejó 4.581 muertos entre enero y octubre, de acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal (IML).

Las pandillas salvadoreñas tienen unos 70,000 miembros, de los cuales 16,000 están encarcelados, según las autoridades.

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