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El Gobierno de Guatemala creó este lunes una "mesa interinstitucional" para solventar la crisis en un correccional estatal donde un grupo de pandilleros mató a dos monitores y tomó  como rehenes a otros 4.

La mesa interinstitucional está integrada por la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Gobernación (Interior) y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, según informó esta última, a cargo del centro, a través de las redes sociales.

Al menos 2 personas fallecieron y otras 4 que custodiaban el centro Etapa II, ubicado en el municipio de San José Pinula, permanecían desde el domingo como rehenes de unos jóvenes recluidos que exigen que trasladen a ese lugar a otros compañeros que están internos en el centro Las Gaviotas, en la zona 13 de la capital.

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De no cumplir con sus exigencias, los jóvenes amenazaron con entregar a los cuatro rehenes "quemados". 

"Estamos suplicando y el Gobierno no quiere hacer nada (...)  Dicen que están en procedimiento pero no ponen atención a nuestras vidas. (...) Estamos entre la vida y la muerte", gritaba a través de una ventana Aroldo Muñoz, uno de los 4 funcionarios retenidos.

El Gobierno no ha dado por el momento más detalles sobre la situación ni de cómo actuará, mientras decenas de policías, así como socorristas, bomberos, miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos y familiares se agolpan en las inmediaciones del lugar.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en el interior del centro estatal Etapa II hay 47 jóvenes de la pandilla Barrio 18, y 26 de ellos son "los inconformes" que desde el domingo se armaron con palos, escaleras y cualquier utensilio que encontraban a su paso para tomar el control del recinto.

La jueza de menores, Verónica Galicia, dijo a través de sus redes sociales que el domingo habló con los monitores retenidos, quienes pidieron que las autoridades negociaran con los jóvenes para salir con vida: "Por esas vidas debemos agotar hasta el último recursos, si se trabaja de manera violenta los perdemos".
Galicia aseguró que los amotinados son 47 adultos y solo 17 adolescentes, por lo que pidió la creación de un centro de privación de libertad sólo para adultos.

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El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, manifestó su repudio por este hecho y pidió a las "autoridades competentes" restablecer el orden en Etapa II e "investigar los hechos".

También organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó su rechazo por la violencia desatada en el correccional y por la muerte de los dos monitores.