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  • EFE

La empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), responsable de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, rechazó hoy "categóricamente" un posible caso de corrupción en el otorgamiento de la concesión del proyecto.

"DESA y Agua Zarca respetan en todo momento al pie de la letra lo que establece la Ley hondureña. Es por esto que rechazan categóricamente cualquier presunción o señalamiento que diga lo contrario", indicó la empresa en un comunicado.

El portavoz de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez, dijo este jueves que ese comité y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio investigan "aspectos de corrupción vinculados a los contratos y concesiones" otorgados a Agua Zarca, paralizado tras el asesinato de Cáceres.

La Maccih investigará "todos los componentes que tiene este caso en relación a la participación de funcionarios del Estado y la propia empresa (DESA), que podrían ser hechos ilegales, delictivos y que requieren ser investigados, y condenadas las personas que hayan participado", enfatizó Jiménez.

DESA aseguró que ha seguido "en tiempo y forma" todos los procesos para obtener la licencia ambiental", en 2011, otorgada por el fiscal adjunto de Honduras, Rigoberto Cuellar, cuando era secretario de Recursos Naturales y Ambiente, hecho por lo que la Maccih podría abrir una investigación contra el funcionario.

Por este caso, las autoridades hondureñas detuvieron en octubre de 2016 al exviceministro de Recursos Naturales Darío Roberto Cardona, quien es acusado de aprobar en 2013 una modificación a la licencia ambiental otorgada por Cuellar para aumentar la capacidad de energía de Agua Zarca de 16 a 21,7 megavatios, extremo rechazado por DESA.

La empresa hondureña afirmó que "no ha existido jamás una ampliación o incremento al contrato de suministro del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca", por lo que considera que señalar lo contrario "resulta una total falsedad sin justificación alguna, lo cual refleja una negligencia y mala intensión en la investigación e hipótesis".

Señala, además, que "sí realizó una consulta a las comunidades indígenas" previo a la instalación del proyecto, tal como lo establece la ley hondureña.

DESA "aplicó la Ley de Municipalidades, utilizando la figura legal del Cabildo Abierto" para consultar a las comunidades indígenas, pues el convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "no está reglamentado en Honduras".

La empresa y Agua Zarca negaron "categóricamente cualquier vinculación con cualquier acto de violencia en contra de cualquier persona", pues son iniciativas que "respetan ante todo la vida de las personas y trabajan plenamente apegados a lo que establece la Ley hondureña, lo cual aplica a todos sus procesos operativos".

"Estas presunciones representan un serio daño a la honorabilidad y reputación de los socios de DESA y Agua Zarca", por lo que "solicitamos una disculpa pública que contribuya en parte a solventar el daño ya efectuado", añade.

Destaca que la transparencia y cumplimiento de la ley son "valores intachables que están siempre presente en los socios de este proyecto, por lo que esperamos una pronta y oportuna rectificación".

Anunció que el representante legal de la empresa "prontamente entregará un completo reporte que rebatirá a profundidad cada una de las irresponsables hipótesis que hoy se han liberado".

La ONG Oxfam informó la semana anterior que el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FinnFund) retiraron definitivamente su apoyo al proyecto valorado en unos 40 millones de dólares. 

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