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  • EFE

Las fuerzas de seguridad de Honduras ejecutan hoy la operación "Perseo", con la que buscan congelar al menos 42 propiedades vinculadas al excomisionado de la Policía Jorge Barralaga y a otras tres personas acusadas por presunto lavado de activos, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que se realizan al menos 70 allanamientos en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés (norte); Atlántida, Copán y Colón, en el Caribe hondureño.

El objetivo de la operación "Perseo" es el "aseguramiento de 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles", a la vez "congelar diversas cuentas bancarias y el allanamiento a varias sociedades mercantiles", añadió.

El organismo hondureño señaló que, según expertos forenses en delitos financieros, en los "últimos meses se movieron más de 1,900 millones de lempiras (80.6 millones de dólares) entre cuentas relacionadas de los imputados".

Barralaga y su esposa, Reyna Ayala, quien es asesora de la Secretaría de Seguridad, fueron arrestados este domingo en Tegucigalpa, mientras su cuñada, Edith Xiomara Roca, fue capturada en la ciudad de Tocoa, departamento caribeño de Colón, añadió.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) también detuvo el domingo en el Caribe del país a Montse Paola Fraga, esposa de Wilter Blanco Ruiz, hondureño extraditado en marzo pasado a Estados Unidos desde Costa Rica por tráfico de drogas. Roca y Fraga llegaron este lunes a las instalaciones de la ATIC en Tegucigalpa y en las próximas horas serán presentadas ante una autoridades judicial, al igual que el excomisionado y su esposa, indicó a periodistas el portavoz de la institución, Jorge Galindo.

A Barralaga y a las tres mujeres se les acusa por presunto "delito de lavado de activos", según el Ministerio Público. Señaló que, según investigaciones, existe un grupo organizado de personas, no identificadas, que durante un tiempo han "procedido a realizar adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica".

Barralaga fue dado de baja en 2011 al estar involucrado en la fuga de cuatro policías condenados en 2013 por el asesinato de dos universitarios el 22 de octubre de ese año, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma del país, Julieta Castellanos.

Los expolicías Arnulfo Padilla, José Rubén Pozo, Gabriel Marcía y Wilson Córdova se fugaron en octubre de 2011 tras recibir un permiso de Barralaga, quien en ese período era jefe de la Unidad Metropolitana de la Policía. Padilla y Pozo fueron condenados en diciembre de 2013 individualmente a 60 y 52 años de prisión, respectivamente, por la autoría intelectual del asesinato de los estudiantes Rafael Alejandro Vargas, hijo de Castellanos, y su amigo Carlos Pineda.

De igual forma, fueron sentenciados a seis años de cárcel por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública. Mientras, Marcía y Córdova fueron sentenciados cada uno a 52 años por el asesinato de los dos jóvenes y a seis años más por el delito de abuso de autoridad.

Los dos jóvenes fueron asesinados el 22 de octubre de 2011 después de una persecución policial que se habría originado porque los universitarios no atendieron un requerimiento de un retén policial.

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