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El empresario salvadoreño Jorge César Hernández, ligado al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), procesado por malversación, presuntamente participó en el lavado de 8.1 millones de dólares, informó ayer la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador en una conferencia de prensa.

El fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez, explicó que las investigaciones del Ministerio Público indican que el expresidente Saca, detenido y acusado de malversación en octubre de 2016, y el empresario de comunicaciones Jorge César Hernández lavaron U$8.1 millones.

“Hemos determinado que de los 8.1 millones, un monto de U$5.3 millones fueron lavados por medio de la Sociedad Marketing Services, S.A. CV, vinculada al señor Jorge Hernández y que U$2.7 millones fueron lavados por medio de otras sociedad denominada RyM El Salvador; y así hay varias confluencias de fondos, extracción y posterior distracción de fondos públicos en otras empresas,  haciendo un total de 8.1 millones”, detalló Meléndez.El Fiscal General, Douglas Meléndez (derecha) tiene la sospecha de que la extracción de fondos continuó en el gobierno de Mauricio Funes.

Utilizan banco

Jorge Cortez, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), al ser consultado por periodistas salvadoreños mencionó que fue en el Banco Cuscatlán “donde se abrieron las cuentas y es el que sirvió para estar realizando estos depósitos”.

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Pese a que el funcionario no precisó si ese dinero habría sido enviado fuera de El Salvador, sí mencionó que esa dependencia trabaja “con las instituciones pertinentes para obtener la información de la manera en cómo se pudo haber manejado este dinero, si internamente o si hubo transferencias hacia el extranjero”.

Lo que sí aseveró es que la UIF ha enviado oficios a todas las entidades financieras salvadoreñas para congelar las cuentas y bienes de las personas ligadas a este caso de corrupción.

Meléndez señaló que el dinero provenía de cuentas del Estado y que Jorge Hernández recibió “beneficios económicos” por pasar el dinero público a sus cuentas y luego a las del exmandatario.

Allanan negocios

El fiscal indicó que desde el viernes pasado se han realizado siete allanamientos en propiedades y negocios vinculados al empresario, que también se desempeñó como presentador de televisión.

Agregó que “esta es una investigación minuciosa, por lo que no dudamos que esta cantidad de dinero puede aumentar conforme se desarrollen más procedimientos, ya que tenemos un conglomerado de empresas investigadas donde ha pasado una enorme cantidad de dinero”.Jorge Hernández

El fiscal Meléndez señaló que como parte del proceso de investigación –aún en curso- se han generado cinco órdenes de detención, de las cuales se han hecho efectivas dos: la de Hernández, detenido el viernes pasado y la de Esteban Cañas Calderón “que era la persona que estaba encargada como contador vinculado a estas sociedades y a la extracción de fondos, según la información que hemos encontrado”.

Cortez, titular de la UIF, expresó que fue en el año 2006 cuando el presidente Saca propuso a Hernández realizar el lavado de dinero proveniente del erario salvadoreño, y a partir de entonces el empresario comenzó a buscar personas que le colaboraran en esa tarea.

El empresario salvadoreño fue detenido el viernes por el delito de lavado de dinero y activos. Saca y sus exsecretarios privados, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, y otros tres colaboradores enfrentan la investigación judicial (instrucción) en prisión provisional, en la cárcel de La Esperanza, en el norte de San Salvador, y con sus bienes embargados.

De acuerdo con el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas tenían una estructura dentro de la Presidencia que movió 246 millones de dólares a catorce cuentas personales de Charlaix y otros colaboradores, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo”.

Saca también afronta un proceso judicial por supuestamente sobornar a una empleada judicial para que le filtrara información y otro caso civil por enriquecerse de forma ilícita, según la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

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