26 de abril de 2011 | 00:00:00


Gobierno de Ortega la ha fortalecido

Discrecionalidad forma parte del halago a las armas

Luis Galeano y José Adán Silva | País



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La discrecionalidad con que el Ejército de Nicaragua ha ejecutado históricamente sus presupuestos públicos, se fortaleció a finales de 2010, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, en la que el presidente Daniel Ortega otorgó al cuerpo militar la facultad de contratar directamente sus compras y adquisiciones sin hacer ningún trámite ante ninguna otra autoridad pública.
Ortega envió un proyecto de nueva Ley de Contrataciones, la Ley 737, que fue aprobado por la mayoría de los diputados.

Ahí se eliminó la figura jurídica de papel del Ministerio de Defensa como canal para hacer trámites de licitación y compras del Ejército --hecho que en realidad nunca se aplicó--, y dejó el camino despejado de controles para los uniformados, que cuentan con diversas empresas privadas, en diferentes rubros, que manejan millones de dólares dentro y fuera del país.

Lo retorcido de la ley

La Ley 737 propuesta por Ortega fue aprobada “en un abrir y cerrar de ojos” por los diputados, el 19 de octubre de 2010 en medio de cuestionamientos de organismos como Ética y Transparencia, sector empresarial y expertos, que afirmaron que tales medidas atentaba contra la transparencia pública y la libre competencia comercial.

En el inciso 2 del artículo 62 de esta ley, relacionado con las contrataciones directas, se establece que “las contrataciones que realice el Ejército de Nicaragua con fines exclusivamente militares, necesarias para salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional, las efectuará mediante el procedimiento de Contratación Directa, y las que realice para su avituallamiento en tiempo de paz, deberá aplicar el procedimiento que corresponda de conformidad con la presente Ley”.

La trampa, en esta ley, es que queda implícitamente sentado que el Ejército es una institución militar, no civil, y por tanto, todas sus operaciones son “exclusivamente militares”.

Lo relacionado con las compras del Ejército, en la derogada Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323, establecía en su artículo 3 relacionado a las Materias Excluidas, que quedaban fuera de licitaciones las “adquisiciones del Ministerio de Defensa para el uso del Ejército Nacional de la República que se realicen con fines exclusivamente militares, necesarias para salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional”.

Adiós Midef de papel

Se exceptuaban de esta modalidad aquellas adquisiciones para avituallamiento del Ejército en tiempo de paz, decía la ley, sin embargo, a la CGR no llegan los procedimientos de solicitud de exclusiones de compras de los militares, según confirmó END ante las autoridades del ente fiscalizador.

Ética y Transparencia, EyT, al hacer sus comentarios y recomendaciones antes de que se aprobara la ley, indicó en un documento enviado al presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y diputado oficialista, Wálmaro Gutiérrez, la necesidad de mantener el canal del Ministerio de Defensa para las compras de los armados, pues esto sostenía la subordinación militar al poder civil.

“Revisar las funciones administrativas que el Ministerio de Defensa, como autoridad civil, tiene sobre el Ejército de Nicaragua, debido a que los procesos de contratación aun cuando se lleven mediante contratación directa es recomendable que lo realice dicho Ministerio”, señaló E y T.

Conveniencia de “armas mansas”

El consultor  y experto en contrataciones públicas, Rodolfo Pérez García, afirmó que “sigue pesando en nuestra memoria histórica y por ende en el pensamiento del Poder Civil, los antecedentes históricos del Poder Militar, y de eso se desprende el hecho de mantener relaciones armoniosas con el Ejército, para no tener problemas con ellos y con la ventaja de obtener algunas dádivas de quienes deberían exigir el cumplimiento de la norma a los uniformados. Es decir, el poder de las armas sigue siendo más fuerte que el poder de las leyes”, señaló a END

La creación del IPSM
Un estudio realizado por el investigador Eduardo Marenco, denominado “Empresarios en Uniforme, los negocios del Ejército de Nicaragua 1995-2007”, realizado bajo el auspicio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, inédito hasta ahora y facilitado a END, menciona que la complacencia del presidente Ortega con los militares se remonta a unos días antes que abandonara el poder en 1990, cuando dio luz a la vida jurídica al Instituto de Previsión Social Militar, IPSM, poderoso brazo financiero del Ejército.
Ortega emitió controversiales decretos de gobierno el 7 de abril de 1990, cimentado en la fusión Gobierno Sandinista-FSLN-Ejército Popular Sandinista, EPS.

Ortega rubricó el Decreto 521 para la Organización y Creación del Instituto de Previsión Social del Ejército Popular Sandinista, publicado en el diario oficial La Gaceta del 23 de abril de 1990, según Marenco.

El IPSM nació bajo el supuesto de garantizar un retiro digno a los miembros del Ejército, derivado de sus propias cotizaciones, pero en la actualidad cuenta con poderosos recursos financieros, que utiliza para negocios de compra y venta de bienes y servicios de toda índole, en las que nadie mete la mano para fiscalizar.

En su estudio, Marenco indicó que de acuerdo con el Libro de la Defensa de Nicaragua, “la Contraloría por ley puede ejercer controles sobre el ejercicio administrativo y financiero del IPSM, pero en la práctica el Instituto contrata auditorías internacionales”.

Manos libres
“La mayoría de las compras de los militares están relacionadas con sus propias actividades, y señala ese inciso (el 2 del artículo 62) que todas las demás compras deberán hacerse con base en lo que establece la propia norma, pero recordemos que ya no necesitan, como nunca lo necesitaron, la autorización del Poder Civil, y en este gobierno mucho menos. El premio complementario para los generales en retiro son los cargos públicos, y hasta una candidatura a la vicepresidencia”, añadió Rodolfo Pérez García.

Para Pérez García esto “es gravísimo” en el sentido de percepción de la transparencia de la institución armada, porque, a su juicio, la rendición de cuentas en todo aquello que permita la Ley es sano para el Ejército.

“¿Por qué nunca los audita la Contraloría ni les pide cuenta de cómo compran?”, preguntó END a Pérez García.

“La Contraloría ha sido cómplice activa de todo este irregular proceso de compras durante la vigencia de la Ley 323, nunca exigió los procedimientos, y de esto hay evidencia de ausencia de expedientes en esa supuesta institución fiscalizadora. Para estos señores fue una divina bendición haber eliminado el Poder Civil en las contrataciones en la nueva Ley 737 de Contrataciones del Sector Público”, agregó.

“En este nuevo cuerpo normativo se le otorga el poder de comprar directamente al Ejército, al igual que se hacía en la dictadura somocista, esto para mí ha sido una involución jurídica y atentatoria del Estado de Derecho. En la inmensa mayoría de países civilizados las compras de los militares están sometidas al poder civil”, dijo.

“Esto fue uno de mis cuestionamientos que le hice personalmente al Consultor del BID, el colombiano Gonzalo Suárez, quien fue contratado para elaborar la propuesta de la nueva Ley y el mismo Reglamento; el especialista no me supo responder el hecho de estar eliminando este control al Ejército, lo mismo le dije en una ocasión al diputado Wálmaro Gutiérrez en una entrevista que coincidimos sobre el tema, se hizo el asustado, y dijo que tomaría medidas en el anteproyecto para someter el Ejército al Poder Civil”, narró.

“Ni el Consultor tomó el reclamo, ni el legislador corrigió nada. De esta barbaridad jurídica son responsables aquellos que aprobaron esta Ley y los empresarios que la promovieron como si se tratara de empleados del gobierno. Así mismo, la responsabilidad es de los organismos internacionales que apoyaron la aprobación de la Ley con estos vestigios dictatoriales”, apuntó.

“Entonces, con esta nueva Ley la Contraloría seguirá haciendo lo que hizo en el pasado en relación con las compras del Ejército: lavarse las manos. Actualmente ya no tiene potestades para impedir cualquier compra fuera de los procedimientos normales”, precisó el experto.


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