
En el Juzgado Tercero Local de Audiencia de Managua se iniciará hoy un proceso legal contra dos mujeres por el delito de trata de personas y otro en contra de un hombre por violación de dos menores, quienes fueron acusados por el Ministerio Público. Se trata de una pequeña red que recluta niñas con el fin de prostituirlas.
Karen Beteta, fiscal auxiliar de la Unidad Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, presentó ayer la acusación en los juzgados de Nejapa, en donde se celebrará la audiencia preliminar en contra de Reina Ivania Martínez Zamora de 40 años, y a su cónyuge, Darling Ráudez Rivera, de 18, quienes explotaban sexualmente a las pequeñas de 11 y 13 años, respectivamente.
También será procesado el ciudadano José Santos González, de 36 años, quien fue uno de los tantos hombres que tuvo relaciones sexuales con las niñas.
Las mujeres son pareja entre ellas, y el señor vende queso en el mercado Iván Montenegro, en cuyo lugar las acusadas le buscaban pareja a las niñas para que tuvieran sexo en uno de los cuartos que ellas tenían cerca de las inmediaciones de ese centro de compras.
La fiscal comentó que las procesadas conocían de vista a las niñas, porque éstas trabajaban en el Iván Montenegro ayudando a cargar. Agregó que una de las mujeres invitó a las víctimas a comer, a lo que las adolescentes accedieron y la acompañaron.
Las prostituyeron
Posteriormente, les pidieron que se quedaran a dormir donde ellas, nuevamente aceptaron. Sin embargo, al día siguiente no las dejaron salir, las encerraron y le llevaron a un hombre para que tuvieran relaciones sexuales con él.
Recibieron un pago monetario de parte del cliente, así sucesivamente ocurrió desde el pasado 29 de abril, hasta que la Policía capturó a las mujeres el 12 de mayo recién pasado. Cabe destacar que en todo ese período las niñas eran controladas y estrictamente vigiladas en sus respectivos hogares por sus victimarias.
“Las niñas recibían como pago 50 córdobas cada una, las acusadas negociaban con el cliente, y en muchas ocasiones ellas no sabían cuánto era lo que el cliente pagaba por ellas”, detalló Beteta.
Estas niñas provienen de familias extremadamente pobres, una de ellas tiene cinco hermanitos, no tiene las posibilidades para asistir al colegio, por eso iba a trabajar al mercado. En el caso de la otra víctima, sólo tiene una abuelita de 80 años, padece muchas enfermedades, por lo tanto, no puede garantizarle un cuido a la pequeña.
La licenciada Beteta confirmó que cuentan con las pruebas suficientes para acusar, en primera instancia, y para posteriormente seguir el proceso hasta conseguir una condena de los tres ciudadanos.
“Siempre buscamos, primero, la protección a las víctimas, segundo, que los culpables reciban el castigo que merecen, más aún en este tipo de delito, en el que se comercializan a las personas como objeto, se tratan y buscan lucrarse de ellas”, manifestó la representante del Ministerio Público.
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