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El gobierno de Nicaragua ha gastado más de US$6 millones en contrataciones realizadas y que tienen que ver con los juicios que se llevan en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre la demanda interpuesta por Costa Rica en el caso del Río San Juan.


La información está recogida en la página web de la Contraloría General de la República, CGR, que refleja las solicitudes hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en enero y febrero de este año, para contratar directamente los gastos de gestiones judiciales, así como la traducción de los textos, asesorías y consultorías en los mismos.


Costa Rica acudió en noviembre del año pasado a la máxima instancia judicial de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para denunciar una supuesta invasión por parte de militares nicaragüenses de la zona de Harbour Head, así como la provocación de daños medioambientales por la supuesta construcción de un caño por parte de Managua. Todo empezó cuando Nicaragua decidió hacer el dragado en el Río San Juan, el cual pedían los vecinos que se detuviera.


En marzo, La Haya desestimó la exigencia de Costa Rica de frenar el dragado, dejando claro que no demostró que el dragado realizado por el gobierno de Nicaragua haya generado un riesgo ambiental a la nación del sur o al caudal. Nicaragua consideró esto una victoria.

Lo que se ha gastado en procesos judiciales
Hasta el momento, lo que se ha gastado en los procesos son 6 millones 169 mil 29 dólares. La información se desprende el Informe Ejecutivo No  012 y 019 que el doctor José Jesús Brenes, Director General Jurídico de la CGR emitió a los colegiados en la sesiones 716 y 717, de finales de enero e inicios de febrero de este año.


El informe 012 de la sesión 716 da cuenta de la solicitud de exclusión de procedimientos ordinarios de contratación suscrita por el licenciado Samuel Santos López, Ministro de Relaciones Exteriores, para la adquisición de los procesos judiciales de defensa de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre la demanda interpuesta por Costa Rica en el caso del Río San Juan.


Con base en ello y por recomendación de esa Dirección Jurídica, los colegiados decidieron, por unanimidad de votos, autorizar la solicitud de exclusión de procedimientos ordinarios de contratación para efectuar las contrataciones que requieran los procesos judiciales de la defensa de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre la demanda interpuesta por Costa Rica en el caso del Río San Juan.


Esa exclusión fue hasta por un monto total de 3 millones 049 mil 200 dólares,  financiados con fondos provenientes del Presupuesto General de la República, y que se desglosan de la siguiente manera:

 

Medidas previsionales p/demanda:US$ 608,000.00
Preparación de Contra-Memoria:US$1,000,000.00
Análisis de Demanda de Nicaragua: US$ 160,000.00
Elaboración y Presentación de la Memoria: US$1,281.200.00

 

En este caso, los colegiados decidieron eximir al Ministerio de Relaciones Exteriores del requisito de las tres cotizaciones, por la naturaleza especial de dicha contratación, pero recomendaron dejar expresamente establecido que esa entidad debería actuar en consonancia con los principios de eficiencia, economía y efectividad consignados en el Art. 28, último párrafo y Art. 105, numeral 2) de la Ley Nº 681, “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”, y observar lo establecido en el Art. 3 del Reglamento General de la Ley de Contrataciones del Estado.


“Una vez suscritos los contratos que se deriven de esta autorización deberá enviarse copia de los mismos a esta Entidad Fiscalizadora, de conformidad con el punto IV de las Normas para el Análisis, Control y Seguimiento de las Contrataciones del Estado, a fin de completar el expediente administrativo correspondiente y darle el seguimiento debido”, señala.


Además, que todo el proceso de contratación, ejecución y recepción de obras, bienes y servicios, así como el manejo financiero, deberá quedar adecuadamente documentado y a disposición de la CGR, para futuras auditorías.

En traducciones, asesorías y consultorías
Pero en los juicios ha habido gastos en servicios de traducciones, de asesorías y de consultorías en apoyo a los juicios pendientes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Así lo confirma el informe 019 de la sesión 717 del Consejo Superior de la Contraloría, remitida por Brenes, donde recomienda aprobar la exclusión de procedimiento para contratar tales prestaciones.


“Se aprueba por unanimidad de votos, recomendación que hace la Dirección General Jurídica, que señala: Autorizar la solicitud presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), para contratar directamente los servicios de traducciones, asesorías y consultorías que requiere la Sede del Minrex, en apoyo a los juicios pendientes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de las etapas procesales no contempladas en los procesos judiciales (según detalle adjunto a la carta de solicitud)”, dice el documento.


Los montos aprobados para contratar directamente son de 3 millones 119 mil 829 dólares, los que serán financiados con fondos del Presupuesto General de la República de 2011.

Un juicio promovido por Costa Rica
Nicaragua procuró evitar que el juicio llegara a La Haya, exhortando a Costa Rica a resolver las diferencias con un amojonamiento de la cuenca que terminara de una vez por todas las dudas del país vecino, sobre el límite fronterizo. Sin embargo, San José, decidió primero recurrir a la Organización de Estados Americanos, OEA, y al no encontrar eco real en su intención de detener el dragado, decidió elevar el caso a La Haya, que decidió no aceptar las medidas cautelares que pretendían estancar el trabajo de limpieza en el San Juan.


Además, por unanimidad, los magistrados declararon que ambas partes deben abstenerse de enviar o de mantener en el territorio en disputa --incluyendo el caño—personal, ya sea policial, civil o de seguridad.


Además, la CIJ conminó a ambas naciones vecinas a evitar “toda acción que pueda agravar o extender el diferendo” fronterizo, que tensó las relaciones diplomáticas”, algo que Costa Rica incumplió, enviando personal de Ramsar y personal civil a la zona, sin notificar a Nicaragua.


La decisión inapelable de la Corte se produce mientras esta da un fallo definitivo al diferendo limítrofe planteado por Costa Rica, el que especialistas en la materia consideran se demorará unos cuatro o cinco años.

El juicio sigue
El representante de Nicaragua ante La Haya, Carlos Argüello, dijo que a partir de la decisión de la Corte se empezaría la ofensiva contra las pretensiones costarricenses ante la Corte Internacional, pues hasta ahora el país se había limitado a defenderse de los ataques ticos.


“No vamos a limitar nuestra pretensión a una respuesta a los intereses de Costa Rica ante la CIJ, nosotros vamos a plantear nuestras propias posiciones”, dijo Argüello en aquel momento.

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