
La última acusación de Costa Rica contra Nicaragua “no surtirá mayor efecto”, puesto que es una estrategia de ese país para mantener el tema “vigente”, considera el exdiplomático Mauricio Díaz.
Costa Rica acusó el viernes a Nicaragua de no cumplir con las medidas cautelares establecidas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al permitir el ingreso de ambientalistas y de jóvenes miembros de la Juventud Sandinista en Harbor Head, la zona en litigio.
Díaz sostiene que en esa acusación “hay una desproporción, como que hay una violación de las medidas y actos hostiles”, y agrega que “no va a surtir mayor efecto porque Nicaragua sostiene que no ha invadido el área”.
“Probablemente no les gusta a los ticos el estilo de estos jóvenes”, dice Díaz, quien también confiesa que no es partidario del modo de actuar de los muchachos, organizados en grupos ambientalistas progobierno.
San José argumenta que tras un monitoreo en la zona fronteriza, se confirmó que entre abril y mayo hubo presencia de al menos ochos grupos de jóvenes ambientalistas que pertenecen al Movimiento Guardabarranco. Costa Rica pretende que esta queja sea incluida como prueba en el juicio que se lleva a cabo contra nuestro país.
“Esta es un manera de Costa Rica de intentar demostrar que Nicaragua viola las medidas cautelares. Yo no creo que tenga mayor trascendencia y que amerite que la Corte movilice funcionarios a la zona para constatar”, expresó Díaz, exembajador en ese país.
Manuel Madriz, especialista en política exterior, coincide en que esta denuncia “no prosperará”.
El 8 de marzo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenó despejar la zona en litigio de cuerpos civiles, militares y de seguridad; pero le permitió a Costa Rica ingresar con fines ambientales, siempre y cuando cuente con el permiso de la convención sobre humedales Ramsar.
“Nosotros tenemos dudas de que parte de esas personas que han entrado sean civiles”, dijo el vicecanciller tico Carlos Roverssi a la prensa local.
Roverssi dijo que la presencia de al menos ocho grupos de jóvenes que izan la bandera y celebran festivales “es una provocación”.
El gobierno tico aseguró que previo a la denuncia, la cancillería de ese país envió dos notas de protesta, una el 15 de abril y otra el 13 de mayo, pero el canciller Samuel Santos no ha respondido.
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